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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La apertura a juicio de Ricardo Thompson Navarro, empresario y socio de Ernesto Ruffo Appel, fue frenada provisionalmente luego de que el empresario promoviera un amparo contra la vinculación a proceso que enfrenta por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México admitió a trámite la demanda presentada por la defensa de Thompson Navarro y concedió una suspensión provisional para que la jueza que lleva el caso detenga la apertura a juicio respecto del empresario, hasta que se resuelva de manera definitiva el amparo.
Thompson Navarro es uno de los socios de Ingemar, empresa vinculada por la Fiscalía General de la República (FGR) con una estructura dedicada presuntamente al contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos hacia México mediante ferrotanques.
El empresario fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, durante un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, existía una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Posteriormente, el 23 de julio, Thompson Navarro fue vinculado a proceso junto con Ernesto Ruffo y otros acusados. La FGR sostiene que la estructura utilizaba documentación con declaraciones presuntamente falsas sobre el contenido de los ferrotanques para introducir combustible al país y evadir impuestos.
El caso se originó tras un operativo realizado en Coahuila en 2025, cuando autoridades localizaron 129 carrotanques con aproximadamente 15 millones de litros de combustible, uno de los mayores aseguramientos de este tipo reportados por el Gobierno federal. Según la investigación, los tanques eran declarados como si estuvieran semivacíos, aunque podían transportar hasta 110 mil litros.
La FGR identifica a Ruffo como accionista principal de Ingemar y señala entre los socios a José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro. Los tres principales socios permanecen sujetos a prisión preventiva en el penal del Altiplano.
La investigación ha dimensionado una presunta operación de gran escala. Un análisis de registros públicos citado por El País estimó que la red habría movilizado más de 800 millones de litros de combustible en 15 meses, con un posible daño fiscal de al menos 5 mil 400 millones de pesos.
La suspensión concedida a Thompson Navarro no implica que haya sido exonerado ni que se haya cancelado el proceso penal. Únicamente detiene temporalmente la apertura a juicio en lo que el Poder Judicial resuelve el amparo promovido por su defensa.
El caso se suma a la ofensiva judicial contra la presunta red de contrabando de hidrocarburos en la que también está procesado Ruffo, quien fuera el primer gobernador de Baja California emanado del PAN.
