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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La utilización de drones por parte de grupos delictivos para vigilar viviendas y planear robos ha encendido la preocupación entre habitantes del Estado de México, quienes advierten que estos dispositivos representan un nuevo riesgo para la seguridad de las familias, al permitir que los delincuentes obtengan información detallada sin necesidad de acercarse físicamente a los inmuebles.
Ante este escenario, diputados del Congreso mexiquense mantienen en estudio una reforma al Código Penal estatal para incrementar hasta en 50 por ciento las sanciones cuando un robo sea cometido o preparado mediante el uso de aeronaves no tripuladas.
La propuesta busca responder a una modalidad delictiva que, de acuerdo con el análisis legislativo, comienza a extenderse tanto en zonas habitacionales como en comunidades rurales.
Para numerosas familias, la presencia constante de estos aparatos sobre fraccionamientos y colonias ha generado incertidumbre, debido a que resulta difícil conocer quién los opera o con qué finalidad sobrevuelan las viviendas. Esta situación ha provocado inquietud entre vecinos que consideran insuficiente la legislación vigente para responder a una amenaza que incorpora nuevas herramientas tecnológicas al crimen.
La iniciativa expone que los drones son utilizados para identificar horarios de entrada y salida de los habitantes, registrar movimientos cotidianos, ubicar vehículos, detectar accesos, localizar cámaras de videovigilancia y reconocer puntos vulnerables de las propiedades. Esa información permite a los responsables planear con mayor precisión el momento en que cometerán el delito, lo que incrementa el riesgo para quienes permanecen en sus hogares.
La propuesta plantea que la agravante se aplique tanto en robos consumados como en tentativa, siempre que pueda acreditarse la utilización del dron durante alguna etapa de la planeación o ejecución del ilícito. Sin embargo, durante el análisis legislativo también se reconoció la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación para evitar vacíos legales.
En comisiones, legisladores señalaron que uno de los principales retos será demostrar judicialmente el uso de estos dispositivos mediante evidencia digital, como videos, fotografías, registros de vuelo, coordenadas y metadatos. Para ello, también se propone que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México establezca protocolos especializados para la preservación y análisis de este tipo de información.
