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Reportan pesquisas contra Durazo y Américo; niegan retiro de visas
Un medio de Estados Unidos asegura que los mandatarios de Sonora y Tamaulipas son investigados por presuntos nexos con el crimen organizado; ambos gobiernos rechazan las acusaciones y aseguran que sus visas siguen vigentes
Ana E. Rosete
La presión política y diplomática de Estados Unidos sobre funcionarios mexicanos volvió a encender las alertas luego de que un reporte del diario Los Angeles Times asegurara que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, estarían bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado y que, en ese contexto, habrían perdido sus visas estadounidenses.
De acuerdo con la publicación estadounidense, ambos mandatarios estatales, emanados de Morena, habrían ingresado recientemente a territorio estadounidense mediante autorizaciones especiales, un mecanismo que, según el reporte, suele utilizarse en casos excepcionales vinculados a cooperación judicial. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial del gobierno estadounidense sobre investigaciones abiertas o sanciones formales.
La reacción fue inmediata. Desde Sonora, la directora de Comunicación Social del gobierno estatal calificó la información como “completamente falsa” y aseguró que Durazo mantiene visa vigente y no ha recibido notificación alguna de autoridades estadounidenses. En Tamaulipas, voceros de la administración de Américo Villarreal rechazaron “de manera categórica y contundente” los señalamientos y afirmaron que no existe documentación pública que respalde las versiones difundidas.
El caso no ocurre en el vacío. Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense, Washington endureció su política hacia actores políticos mexicanos señalados, formal o informalmente, por presuntos vínculos criminales. Diversos reportes internacionales documentan que decenas de funcionarios y políticos mexicanos habrían enfrentado revisiones migratorias o cancelaciones de visa como parte de una estrategia de presión diplomática y seguridad fronteriza.
La política del retiro de visas se convirtió en una herramienta recurrente de presión bilateral. Especialistas y exfuncionarios estadounidenses han señalado que perder una visa no implica automáticamente culpabilidad o una acusación penal, pero sí puede ser una señal de revisiones migratorias, inteligencia financiera o investigaciones en curso. Además, el gobierno de Estados Unidos no está obligado a explicar públicamente las razones de una revocación.
La controversia revive cuestionamientos sobre otros casos recientes que han golpeado a figuras políticas mexicanas, particularmente de Morena, en medio de la creciente presión bilateral por seguridad, migración y combate al narcotráfico.
Hasta ahora, ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Estado, ni las autoridades estadounidenses han confirmado oficialmente investigaciones abiertas contra los mandatarios mencionados.
