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Ana E. Rosete
Una acusación formal emitida en el Distrito Este de Virginia fue desclasificada este jueves, revelando cargos penales contra los ciudadanos chinos Ruhuan Zhen y Hongce Wu, a quienes las autoridades estadounidenses señalan por conspiración para cometer lavado de dinero en favor de organizaciones criminales transnacionales, específicamente el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con los documentos judiciales del caso, la red delictiva operó de manera continua desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025 utilizando métodos sofisticados y clandestinos para blanquear las ganancias obtenidas por la importación y venta de narcóticos como la cocaína y el fentanilo en el mercado norteamericano.
El escrito de la fiscalía señala que los imputados y sus cooficantes implementaron un sistema financiero transnacional que abarcó operaciones en Estados Unidos, México, Latinoamérica y China, echando mano de transferencias espejo, el uso de cuentas bancarias extranjeras, aplicaciones de comunicación encriptada y un método de verificación mediante números de serie, además de esquemas de lavado basados en el comercio legal para borrar el rastro del dinero.
A pesar de que el gran jurado federal en Alexandria, Virginia, aprobó la acusación formal desde el pasado 24 de abril de 2025, el Departamento de Justicia confirmó que ambos de estos individuos se encuentran actualmente prófugos de la justicia.
De ser capturados y encontrados culpables por este delito, tanto Zhen como Wu podrían alcanzar una pena máxima de hasta veinte años de prisión en una penitenciaría federal, sentencia que sería determinada por un juez de distrito tras evaluar las directrices federales y los factores estatutarios correspondientes.
El anuncio de este caso fue realizado de forma conjunta por el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, y la agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Cindy Marx, quienes destacaron la colaboración de múltiples oficinas de la agencia antidrogas en ciudades como Chicago, Nueva York y Washington, así como de las sedes internacionales ubicadas en Bogotá y Dubái para desmantelar este brazo financiero.
