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ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La crisis forense y de desapariciones que vive México tiene un punto de quiebre claro: 2007. Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles señalaron que el aumento de fosas clandestinas en el país coincide con el inicio de la estrategia de militarización de la seguridad pública implementada durante el sexenio de Felipe Calderón, modelo que se mantuvo y profundizó en administraciones posteriores.
Actualmente, México acumula más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas hasta septiembre de 2025, en medio de un sistema forense rebasado, registros incompletos y una falta de coordinación entre autoridades federales y estatales.
De acuerdo con la Plataforma Ciudadana de Fosas, entre 2023 y 2024 las fiscalías estatales reportaron mil 451 fosas clandestinas, mientras que la Fiscalía General de la República reconoció sólo 94. Paralelamente, medios de comunicación documentaron mil 6 hallazgos, cifras que exhiben inconsistencias y opacidad oficial.
La organización advirtió que la ausencia de datos confiables refleja el colapso institucional que enfrenta el país para localizar, identificar y dar seguimiento a miles de víctimas.
Desde el arranque de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las fosas clandestinas comenzaron a multiplicarse en prácticamente todas las entidades del país. Para colectivos y especialistas, el fenómeno es consecuencia de una política de seguridad centrada en el uso de fuerzas armadas, la falta de prevención y un sistema de justicia incapaz de investigar violaciones graves a derechos humanos.
En medio de esta crisis, las familias de personas desaparecidas han asumido tareas que corresponden al Estado: realizan búsquedas en campo, elaboran registros, pegan fichas y documentan hallazgos en fosas clandestinas y fosas comunes.
La Plataforma Ciudadana de Fosas surgió en 2021 ante la falta de transparencia gubernamental y recopila datos obtenidos vía transparencia, fiscalías y reportes de prensa sobre hallazgos registrados entre 2006 y 2024.
Además, colectivos denunciaron que actualmente no existe un registro público nacional confiable sobre fosas clandestinas ni sobre cuerpos resguardados en fosas comunes, situación que dificulta la identificación de víctimas y profundiza el dolor de miles de familias.
Las organizaciones advirtieron que, a casi dos décadas del inicio de la militarización, México continúa sin verdad ni justicia para las personas desaparecidas.
