Visitas
ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Los más de 3 mil millones de dólares que autoridades mexicanas reclaman o han logrado sentenciar en el caso de Genaro García Luna y su red financiera representan mucho más que una cifra histórica de corrupción: equivalen a una oportunidad perdida para millones de mexicanos durante el sexenio de Felipe Calderón.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y la UIF, el monto acumulado supera los 3 mil millones de dólares. Traducido al tipo de cambio promedio de aquellos años —cercano a 12.5 pesos por dólar—, la cifra ronda los 37 mil 500 millones de pesos. Un presupuesto capaz de transformar por completo áreas estratégicas del país en plena crisis de violencia.
Con ese dinero, México pudo haber construido entre 60 y 70 hospitales generales totalmente equipados, similares a los regionales del IMSS y la Secretaría de Salud. Hospitales que habrían permitido ampliar atención médica en estados golpeados por pobreza y violencia, donde miles de personas seguían muriendo por falta de especialistas, medicamentos o infraestructura básica.
Los recursos también habrían alcanzado para levantar más de 8 mil escuelas públicas de nivel básico o rehabilitar decenas de miles de planteles deteriorados en zonas rurales y marginadas. Mientras el país vivía una escalada de violencia sin precedentes, millones de estudiantes continuaban tomando clases en aulas improvisadas, sin agua potable ni electricidad.
En materia educativa, la cifra habría permitido financiar becas para más de 5 millones de jóvenes de bajos recursos durante un año completo, evitando que miles abandonaran la escuela por pobreza o terminaran atrapados por redes criminales en comunidades sin oportunidades.
Las comunidades indígenas pudieron ser otro de los grandes destinos de esos recursos. Con 37 mil millones de pesos se habrían financiado miles de obras de agua potable, drenaje, electrificación, caminos rurales y clínicas comunitarias en regiones históricamente olvidadas como la Sierra Tarahumara, la Montaña de Guerrero, la Selva Lacandona o los Altos de Chiapas.
Paradójicamente, incluso en el rubro de seguridad —principal bandera política del gobierno calderonista— el dinero pudo representar una diferencia histórica. Los recursos habrían permitido profesionalizar policías municipales, incrementar salarios, adquirir más de 100 mil patrullas, instalar sistemas masivos de videovigilancia y fortalecer ministerios públicos colapsados por corrupción y falta de capacidad.
También se pudieron construir academias regionales, centros de inteligencia y laboratorios forenses en estados dominados por el crimen organizado. En cambio, hoy las investigaciones sostienen que parte de esos recursos terminaron ligados a empresas fantasma, contratos irregulares y operaciones financieras vinculadas a la red del exsecretario de Seguridad Pública.
Recientemente, un tribunal de Florida ordenó el pago de 578 millones de dólares al Estado mexicano como parte del juicio civil relacionado con la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna y sus socios financieros. La cifra, equivalente a cerca de 11 mil millones de pesos actuales, representa apenas una parte del dinero que autoridades mexicanas buscan recuperar tras años de presuntos desvíos, contratos irregulares y operaciones financieras ligadas al exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón.
