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JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El negocio de las cárceles privadas en México revela cifras escandalosas: durante el sexenio de Felipe Calderón se adjudicaron 8 reclusorios a 6 empresas sin licitación, con contratos que comprometen al erario por 266 mil 300 millones de pesos a pagar en 20 a 22 años, incluso si permanecen vacíos.
Desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la entonces secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, reveló que en 9 años se habían pagado 75 mil 665 millones, es decir, apenas el 36% del total, pero aún restan 190 mil 658 millones por cubrir hasta 2035-2037.
También reveló que el esquema obliga al gobierno a pagar el 100% del servicio, sin importar el número de internos, y al final, los inmuebles quedan en manos privadas.
Las empresas beneficiadas incluyen a Exi Quiantium (Sonora y Guanajuato), GIA (Oaxaca), DIP Concesionaria Duranguense (Durango), Capital Inbursa (Chiapas y Morelos), Concesionaria de Michoacán y Black Rock (Guanajuato), varias ligadas a grandes grupos como Carso e Ideal.
PRESOS CAROS
El costo por interno revela el desbalance: en penales privados alcanza hasta 6 mil 411 pesos diarios, frente a 500 pesos en cárceles públicas de la CDMX, es decir, hasta 7.6 veces más caro. Además, muchos centros operan semivacíos: Sonora al 78%, Guanajuato 76%, Durango 72% y Morelos apenas 32% de ocupación.
La Auditoría Superior de la Federación detectó sobrecostos por más de 41 mil millones de pesos, mientras que las cláusulas más polémicas incluyen pagos garantizados, adjudicación directa, contratos clasificados por seguridad nacional y propiedad privada de los penales.
El modelo, impulsado en tiempos de Genaro García Luna —hoy preso en Estados Unidos—, dejó un sistema donde el incentivo es claro: las empresas ganan lo mismo con cárceles llenas o vacías, mientras el Estado paga y no se queda con nada.
