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Pese a que en el Reglamento de Tránsito y la Ley de Cultura Cívica se prevén sanciones, los “viene viene” continúan apartando los espacios
Fernando Ortiz
Ciudad de México.- La presencia de franeleros en los alrededores de hospitales públicos es un problema para los familiares de los pacientes, quienes llegan a las unidades médicas y terminan enfrentando cobros obligados por “cuidar” un lugar de estacionamiento que debería ser gratuito.
Los “viene viene”, como son conocidos, se apropian de vialidades, apartan espacios con cubetas, piedras o conos improvisados y condicionan el acceso a quienes buscan estacionarse. El costo por lugar puede variar entre 20 y 50 pesos, dependiendo de la zona, la hora o la cercanía a los accesos principales de los hospitales.
En el Hospital Juárez de México, los lugares en la periferia tienen un costo de 20 pesos, y mientras más te acercas a las entradas, son más costosos, llegando hasta 50 pesos.
“Allá más adelante son de a 30, a ellos sí les puedes pagar cuando regreses”, fueron las palabras de un franelero al ser cuestionado por el precio del lugar.
Según familiares de pacientes que estaban fuera del hospital, los franeleros son muy hostiles cuando te niegas a pagar, llegando incluso a amenazar con que sus autos podrían “sufrir daños”. Ante la urgencia, los afectados ceden a dar el costo impuesto.
Además del cobro ilegal, los viene viene generan desorden vial, bloquean entradas y ocupan áreas que deberían permanecer libres.
“Llevo viniendo 3 días porque mi esposa está aquí, pero me sale más caro darles a los que cuidan los lugares que lo que compro de comer; me sale hasta más barato llegar en transporte”, mencionó un familiar.
Pese a que existen reglamentos que prohíben apartar lugares en vía pública o lucrar con ellos, las autoridades rara vez intervienen. Los usuarios aseguran que la ausencia de vigilancia permite que el fenómeno se mantenga y crezca.
De acuerdo con el Reglamento de Tránsito y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, quienes cometan esta falta pueden recibir multas que van de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 1,200 a 4,300 pesos en 2025. Además, en casos de reincidencia o resistencia a la autoridad, los infractores pueden enfrentar arresto administrativo de 24 a 36 horas, e incluso la obligación de realizar trabajo comunitario.
