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EL 30% DE LOS EXPEDIENTES ESTÁN ESTANCADOS POR FALTA DE PRUEBAS O POR COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
Por Juan R. Hernández
Grupo Cantón
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI), también conocida como Comisión de Búsqueda local, ha sido un organismo clave en la atención a casos de personas desaparecidas en la capital del país.
Desde su creación, ha tenido un camino marcado por avances, pero también por polémicas y cambios en su liderazgo. A lo largo de su historia, la CEAVI ha tenido cuatro titulares, cada uno enfrentando desafíos distintos en medio de un contexto nacional donde las desapariciones son un problema grave.
El primer titular de la CEAVI fue Luis Wertman Zaslav, quien fungió de 2019 a 2021 y enfrentó críticas por la lentitud en la implementación de protocolos de búsqueda.
Le siguió Ernesto López Portillo, quien duró poco más de un año en el cargo (2021-2022) y renunció tras señalamientos por falta de transparencia en el manejo de recursos.
Posteriormente, María de los Ángeles López Peña asumió el puesto en 2022, pero su gestión se vio opacada por acusaciones de nepotismo y filtraciones de información sensible y finalmente, desde 2023, el cargo lo ocupa Ernesto Alvarado Ruiz, quien ha prometido mayor eficiencia y coordinación con fiscalías y colectivos de los familiares.
Uno de los mayores escándalos de la CEAVI ocurrió en 2022, cuando se reveló que al menos 200 expedientes de personas desaparecidas no habían sido actualizados en más de dos años, según reportes de organizaciones civiles.
Además, hubo denuncias de que algunos funcionarios cobraban a familias por agilizar trámites, lo que llevó a la destitución de dos coordinadores.
Pese a esto, la CEAVI ha logrado avances significativos: según datos oficiales de 2024, ha contribuido a la localización con vida de más de 350 personas y a la identificación de restos de al menos 120 víctimas mediante el Banco Forense de la Ciudad de México.
Sin embargo, los retos persisten.
Actualmente, la CEAVI tiene alrededor de 1,500 expedientes activos, de los cuales cerca del 30% están estancados por falta de pruebas o colaboración interinstitucional.
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