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El Tribunal realizó esta apertura debido a que este órgano desacató su sentencia; Mónica Soto, afirmó que se procederá legalmente ante la postura del Comité
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El Tribunal Electoral (TEPJF) abrió un incidente, después de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió no acatar su resolución, en la que le ordenó restaurar el proceso de selección de candidatos para la elección judicial, y en su lugar le dejó a la Suprema Corte (SCJN) resolverlo.
Lo anterior se afirma en un oficio firmado por la presidenta del TEPJF, Mónica Soto, donde se afirma que se procederá legalmente ante la postura del Comité de Evaluación.
“Cabe señalar que la apertura oficiosa del incidente de cumplimiento de sentencia se sustenta también en asegurar la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución, que se traduce en que las autoridades deben dar cabal seguimiento al cumplimiento de sus sentencias”, señala el documento.
Esto sucedió luego de que la Sala Superior del TEPJF, le dio 24 horas al Comité para reiniciar su labor y desatender la resolución de un juez de Distrito, que les ordenó frenar su trabajo.
La magistrada presidente del Tribunal Electoral, Mónica Soto, abrió formalmente un expediente de incumplimiento a la sentencia que ordenaba al Comité de Evaluación del Poder Judicial retomar sus funciones. Está acción permite a los jueces electorales de la Sala Superior analizar… pic.twitter.com/tSPemiuN0F
— Azucena Uresti (@azucenau) January 24, 2025
Tras esta orden el Comité respondió que presentaría un recurso ante la SCJN, debido a que está en medio de dos sentencias contradictorias.
“Esto ante la incertidumbre en la que se encuentra este órgano colegiado para dar cumplimiento a diversas resoluciones aparentemente contradictorias”, indicó.
La Sala Superior advirtió en su sentencia, que de no cumplirse esta se aplicarían medidas de apremio, las cuales van de una amonestación pública hasta la privación de la libertad.
Por otro lado, la resolución del juez de Distrito que pidió la suspensión del proceso, establece multas que van de los 54 mil a 107 mil 570 pesos.
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