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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Organizaciones de activismo de diversas causas, entre ellas la libertad de expresión, como Artículo 19 han denunciado en diversas ocasiones que desde el Congreso de la Unión se ha desacatado una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se legisle sobre una Ley General de Comunicación Social, sin embargo, el desdén legislativo ha provocado que los gobiernos puedan asignar contratos públicos de manera discrecional.
De acuerdo a lo que este grupo de asociaciones ha planteado, la discrecionalidad con que se otorgan estos convenios se da de igual manera a como ocurría cuando el Partido revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) ostentaban el poder, sobre todo a en la presidencia de México.
El pasado 13 de enero el máximo tribunal del país postergó una discusión respecto a la Ley General de Comunicación Social, un proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz, con el que se pretendía calificar de omisión legislativa relativa el ordenamiento emitido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2018 donde se ordenó al Congreso a que retomara la reforma y corregir las deficiencias legislativas del proyecto aprobado en noviembre de 2017 presentado por el entonces ministro, Arturo Zaldívar.
Pese a la determinación de la Corte, legisladores del partido en el poder aseguran que de ninguna manera se trata de una desobediencia como muchas voces lo ha establecido, afirman que ha sido una omisión parlamentaria que presuntamente se resolverá en el siguiente periodo ordinario de sesiones que está programado a iniciar en septiembre.
De acuerdo a lo que se ha señalado, Artículo 19 ha presentado varios amparos por las inconsistencias en su diseño y mecanismos para contratos públicos, la misma agrupación ha señalado que con la actual administración varios medios impresos y televisivos, como La Jornada y Televisa se han visto favorecidos constantemente.
