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Victima le habría ganado juicio a institución bancaria
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La licenciada Leticia Melo, esposa de Héctor Gómez, denunció la detención arbitraria de su esposo, quien ha sido víctima de un proceso judicial manipulado por la corrupción dentro del sistema de justicia mexicano.
Héctor Gómez, quien ha librado una lucha legal contra Banorte por más de 30 años, fue arrestado en el Reclusorio Sur el día de ayer, acusado injustamente de fraude financiero, a pesar de que el caso fue resuelto hace tres décadas.
De acuerdo con la denunciante, el conflicto se originó cuando Banorte asumió la deuda de Banpais, tras su compra, incluyendo una que había sido reconocida y sentenciada en tribunales federales. A pesar de que parte del principal fue saldado, los intereses nunca fueron cubiertos, lo que derivó en un largo proceso judicial que culminó en favor de los Gómez. Sin embargo, Banorte ha eludido el cumplimiento de la sentencia, usando tácticas dilatorias y manipulando al IPAB para evitar la justicia.
El abuso de poder alcanzó su punto máximo cuando Héctor Gómez fue detenido bajo acusaciones de fraude, sin justificación legal clara, justo después de que venciera una fianza de 47 millones de pesos. La acción fue ejecutada por la Policía Bancaria Industrial, sin aviso previo ni fundamento legal.
Ante ello, la familia Gómez denunció que esta detención forma parte de una estrategia para intimidarlos y presionar por la evasión de la deuda de mil 211 millones de pesos que Banorte les debe.
Leticia Melo pidió la intervención urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo justicia y la liberación inmediata de su esposo. Además, solicitó una investigación sobre la complicidad de funcionarios del IPAB y abogados vinculados con Banorte.
ANTECEDENTES
Banorte, dirigido por Marcos Ramírez, enfrenta una condena de mil 211 millones de pesos a la familia Gómez, tras 13 años de juicio en el caso ordinario mercantil 1159/2007. A pesar de las apelaciones y amparos, el banco no ha podido evitar el fallo, y la última sentencia se emitió en 2021, con embargos en Monterrey y Ciudad de México
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