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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.– Un ingreso anual neto de 4 millones 719 mil 883 pesos, una oficina adquirida por 4 millones 762 mil pesos y una diferencia de apenas 42 mil pesos entre ambos montos colocaron nuevamente a Catalina Monreal, directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), en el centro de la polémica.
La funcionaria reportó que únicamente 1 millón 553 mil 264 pesos, equivalente al 33% de sus percepciones, provinieron de su salario como titular del organismo, mientras que el resto corresponde a actividades privadas y rendimientos patrimoniales.
La controversia surgió luego de que el periodista Jorge García Orozco difundiera información obtenida de la más reciente declaración patrimonial de la funcionaria, presentada el 31 de mayo de este año.
En el documento aparece como propietaria al cien por ciento de un inmueble destinado a oficinas, con una superficie de 441 metros cuadrados, adquirido mediante crédito el 27 de junio de 2025, apenas nueve meses después de asumir la dirección del INAES.
De acuerdo con la declaración, además de su sueldo como servidora pública, Monreal obtuvo 3 millones 166 mil 619 pesos por ingresos provenientes de diversas actividades.
Entre ellas figuran 212 mil 347 pesos por renta de espectaculares, 600 mil pesos por organizaciones privadas, 272 mil 405 pesos por arrendamientos y 2 millones 81 mil 867 pesos por desempeñarse como integrante de consejos de administración.
El documento también revela que mantiene participación accionaria en Multiservicio La Plata, dedicada al sector de combustibles, así como en Sofamon SAPI, vinculada al ramo inmobiliario. Asimismo, reportó ser propietaria de una vivienda adquirida en 2018 por 217 mil 360 pesos, pagada de contado.
La adquisición de la oficina ocurre en medio de otro frente de cuestionamientos para el Instituto.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que tres cooperativas constituidas en el INAES recibieron contratos públicos por 76 millones de pesos apenas dos meses después de haber sido creadas.
Los recursos fueron asignados a Dehe Sak Agua Limpia, Juntos por la Limpieza y el Bienestar y Bienestar de Limpieza y Buen Servicio, mediante contrataciones realizadas por el DIF, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Según testimonios recabados en la investigación periodística, algunos integrantes de esas cooperativas afirmaron desconocer el contenido de los contratos firmados y señalaron que era el propio INAES quien administraba las cuentas bancarias y gestionaba la documentación.
