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octubre 11, 2024

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Fernando Flores paga por obras no hechas en Metepec

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El edil panista avaló contratos, los más onerosos involucraron la presunta pavimentación de calles, la ampliación del DIF municipal y la construcción de CAI

OMAR MONTALVO
GRUPO CANTÓN

METEPEC, EDOMEX.

Aunque en el Ayuntamiento de Metepec, el panista Fernando Flores logró una reelección con una amplia ventaja, su administración durante el trienio 2022-2024 contó con varias irregularidades en el uso de los recursos públicos, principalmente por conceptos de obras no realizadas, pero sí pagadas.

En el municipio, debido a la recurrente ejecución de contratos por adjudicación directa, el gobierno de Flores Fernández fue auditado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

En varios de los proyectos de obra pública, existieron malas prácticas, en acuerdos comerciales para rehabilitar las instalaciones municipales del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución donde Iraí Albarrán, esposa de Fernando Flores, es presidenta honoraria.

Un contrato por 3 millones 107 mil pesos para la ampliación y adecuación del edificio, para servicios administrativos, indicó el OSFEM. “Se presume que la entidad erogó indebidamente recursos públicos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2022, las obras en concreto, no fueron ejecutadas”.

La situación se repitió con recursos públicos del municipio, ya comprometidos. El monto asciende a 13 millones 496 mil pesos, donde además de la ampliación de las oficinas DIF, también incluyó la rehabilitación a la estación de bomberos, Juan Manuel Segura, y la repavimentación de la calle 16 de septiembre, entre las avenidas Estado de México y Adolfo López Mateos. Este tramo se encuentra con varios fragmentos sin pavimentación y baches.

Otro caso que incluyó la OSFEM fueron por la construcción ilegal de seis Centros de Atención Inmediata (CAI) y la remodelación de La Casa Tlanchana, por un monto de 29 millones 578 mil pesos.

Las obras son consideradas ilegales debido a que en el municipio no hay un ordenamiento legal para celebrar contratos de obra pública a base de precios unitarios.

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