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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La presidenta del PRI estatal, Cristina Ruiz Sandoval, acusó al gobierno estatal de dispendio al documentar que la autoridad gastó hasta 142.4 millones de pesos para que los habitantes presenciaran algunos partidos del Mundial en 14 puntos del territorio mexiquense.
La cifra representa un desembolso de 10.1 millones de pesos por cada espacio habilitado, los cuales actualmente lucen desiertos y sin la afluencia de espectadores que justificara la inversión.
Ruiz Sandoval confrontó esa cantidad con el presupuesto anual que recibe la Comisión de Búsqueda de Personas, un organismo dedicado a localizar a miles de desaparecidos. A esa instancia, el gobierno estatal únicamente le asignó 82 millones de pesos. El contraste, afirmó, evidencia la ausencia de una jerarquía real de necesidades y la poca sensibilidad frente a la crisis humanitaria que atraviesa la entidad.
La dirigente también cuestionó la falta de una estrategia oficial para integrar a los pequeños comerciantes a la derrama económica del evento deportivo.
Fondas, cafeterías, restaurantes familiares y misceláneas intentaron transmitir los encuentros sin éxito, porque el costo de las licencias comerciales oscilaba entre los 5 mil y los 23 mil pesos.
El gobierno, en cambio, financió pantallas en espacios públicos mientras cientos de negocios locales quedaron marginados de cualquier beneficio adicional.
El documento presentado por el partido también expuso la asignación de mil 883 millones de pesos para la intervención de 11 vías de comunicación que conectan los aeropuertos con el estadio de la Ciudad de México, entre ellas el Periférico. Cinco de esas obras permanecen inconclusas debido a fallas en la planeación y a la premura con la que se autorizaron los trabajos.
La investigación del PRI detalló que el 72 por ciento del presupuesto de esas vialidades se adjudicó de manera directa a cuatro empresas: GCP, Concretos Asfálticos de México, Constructora Valdenegro y Moncayo Cedillo, las cuales recibieron en conjunto más de mil 347 millones de pesos. La dirigencia consideró que este mecanismo acelerado impidió la fiscalización oportuna y generó condiciones propicias para la discrecionalidad.
La presidenta del partido exigió que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México inicie una revisión exhaustiva de cada contrato y de cada peso gastado, tanto en las pantallas como en la repavimentación de las vialidades. La petición incluye la difusión del padrón de beneficiarios, los procesos de adjudicación y los informes de avance físico de las obras.
La crítica central apuntó hacia la administración encabezada por Morena. Ruiz Sandoval aseguró que, mientras la maquinaria oficial se concentraba en producir espectáculo y en arreglos viales de última hora, colonias enteras mantenían demandas sin resolver en materia de alumbrado, drenaje y seguridad. La prioridad, insistió, la marcaron los reflectores y no las familias que habitan el Estado de México.
La advertencia final de la dirigente estatal fue directa: el costo de esas pantallas y del asfalto inconcluso lo pagarán por años los mexiquenses, quienes aún esperan que las autoridades rindan cuentas y establezcan prioridades centradas en las personas.
