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abril 26, 2024

CDMX

Funcionarios de la SEPI quieren manipular a comunidades

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OMAR MONTALVO

Ciudad de México. – Como una venganza política, funcionarios de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) a cargo de Laura de Ita Andehui, han salido a desinformar a la población de dichos poblados para hacerles creer que aún es vigente el Sistema de Registro que eliminó jurídicamente en 2022 al menos a 147 pueblos y barrios.

El Frente por la Defensa de los Derechos de Pueblos y Barrios del Anáhuac (FDDPBOCA) dio a conocer que José María Pastrana, titular de la Dirección de Consulta de la SEPI, entre mentiras ha intentado defender el Sistema de Registro al señalar que la institución a la que pertenece decide que pueblos son originarios y cuáles no.

Ante ello los colectivos que integran el frente, reiteran que dicha política implementada desde 2022 es letra muerta “el pasado jueves el Tribunal Electoral de la Ciudad de México confirmó en el expediente TECDMX-JLDC-097/2023 que el sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México ya ha quedado sin efectos”.

Además de precisar lo anterior como una noticia positiva del nuevo año, el FDDPBOCA añadió que Laura de Ita Andehui ocultó la nulidad del Registro en su última comparecencia en el Congreso capitalino.

“Está a punto de caerse la única política que intentó imponer un grupo de operadores del alcalde de Xochimilco y de Francisco Pastrana Basurto, director de Jurídico y Gobierno de dicha demarcación territorial, dentro de la Secretaría de Pueblos, grupo conformado por la titular Laura de Ita, por Carlos Bravo, quien fuera coordinador de asesores del alcalde de Xochimilco, y por José María Pastrana, quien siempre formó parte del mismo grupo político” afirmó el Frente de Pueblos y Barrios.

Desde 2022 se implementó el Sistema de Registro, una política que pretendió modificar jurídicamente el acceso a los derechos que gozan varias comunidades originarias en la ciudad para presuntamente dar paso a nuevos proyectos inmobiliarios, pero tras la defensa de los colectivos de pueblos y barrios la SEPI sólo demostró la existencia de irregularidades, entre las que se incluyó la promoción de un recurso de revisión hecho por un abogado sin facultades para ello.

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