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mayo 08, 2024

CDMX

Dejó Taboada cochinero en Benito Juárez

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Autoridades en turno no saben explicar apoyos por 2.6 mdp

OMAR MONTALVO

Ciudad de México. – Aunque Santiago Taboada dejó la alcaldía Benito Juárez para contender por la jefatura de gobierno en 2024, le dejó pendientes por resolver a los funcionarios debido a que en el ejercicio de programas sociales de 2022, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) detectó malas prácticas.

La investigación ASCM/69/22 precisó que las faltas administrativas y financieras ocurrieron en los programas “Beni-Titúlate” con un presupuesto de 1 millón de pesos para contribuir a la formación académica de sus habitantes; y en Reactivación de la Industria Creativa y Cultural de la Alcaldía Benito Juárez, ante el impacto Post-Covid-19 3er. Festival Estacionarte 4×4 BJ” con un monto presupuestal de 1 millón 600 mil pesos.

Respecto a las becas para la titulación, la Auditoría encontró que en la muestra investigada se detectó al menos a dos funcionarios de gobierno que recibieron el monto económico de 10 mil pesos, recibiendo así desde dos vías distintas recursos públicos.

Ante la situación, la administración de BJ trató de justificar el incidente, pero no contó con las pruebas necesarias. Respecto a la acción social para el impacto Post-Covid-19, la ASCM no recibió los documentos sobre la programación presupuestal, pese a que estos son una tarea continua.

También señaló que los recursos públicos fueron ejecutados pese a que faltaron documentos para que sean otorgados y que comprueben su uso. La ASCM añadió que a la demarcación se le solicitó “que proporcionara las facturas de los proveedores y/o comercios con domicilio fiscal en la Alcaldía Benito Juárez, a fin de comprobar los costos de producción de artes visuales y escénicas; sin embargo el sujeto de fiscalización fue omiso en proporcionar las facturas que amparan los costos de producción”.

La administración de Taboada ha sido de las más criticadas no sólo por sus enemigos políticos, sino por instituciones fiscalizadoras y de transparencia, que han evidenciado la falta de rendición de cuentas y de un ejercicio público dentro del marco de la ley.

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