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mayo 02, 2024

CDMX

Sumido en fraude y corrupción, el Invi

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Los 3 mil mdp para apoyos, se han destinado a asociaciones que no respaldan a familias que buscan vivienda

HÉCTOR QUEZADA.

CIUDAD DE MÉXICO.– Diversos funcionarios del Instituto de la Vivienda (Invi) capitalino, han sido acusados por velar por sus intereses a costa de la ciudadanía, pues prefieren desalojar y desamparar a familias completas para dar paso a la construcción de departamentos lujosos, en al menos dos predios ubicados en la alcaldía Tlalpan, sin que las autoridades de la Fiscalía y del Gobierno capitalino, actúen para detener estas acciones.

Fue la abogada Silvia Epifanio, representante de trabajadores del Invi, quien señaló que los mismos trabajadores declararon que la dependencia vive sus peores momentos, “hay compadrazgos”, despidos injustificados, malversación de fondos y acoso, tanto laboral como sexual por parte del director, Anselmo Collazo, así como de la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios, Julieta Cortés.

Además, señalaron que el presupuesto de este año, el cual constó de más de 3 mil 718 millones de pesos, ha sido repartido entre algunas asociaciones como Patria Nueva, UPREZ, Benita Galea y Asamblea de Barrios, olvidando el apoyo y beneficio de las clases marginadas, quienes buscan obtener una vivienda digna y patrimonio para sus familias.

Indicó que Julieta Cortés le dijo que no se metiera en el tema del predio ubicado en la calle Belisario Domínguez 43, pues se trataba de un tema político, a pesar de que ya contaba con la orden de aprehensión para los invasores del terreno, pues lo ocuparon de manera ilegal.

Los denunciantes, entre ellos Lorena García, dirigente de la Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes (AMOR), declararon que al menos 50 familias fueron desalojadas del predio con el número 81 de la calle Guerrero, mismo que fue otorgado a Banca Mifel para la construcción de viviendas, las cuales no tienen nada que ver con hogares de interés social.

DENUNCIA 

La diputada capitalina, Daniela Álvarez, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, señaló que Banca Mifel compró el predio de Guerrero 81, a personas que ya habían fallecido y, aun conociendo esta situación, el Invi delegó los derechos para la construcción de viviendas, beneficiando así, a esta desarrolladora.

 

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