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Ana María Vázquez
Noviembre de 2018, el entonces gobernador electo, Enrique Alfaro se pronunció en contra de los “superdelegados” porque “… Coordinan la seguridad de los estados, cuando este es un mandato constitucional de su cargo y el de los alcaldes”.
Febrero 2020.- El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, de MC, declara que ningún gobierno ni el presidente López Obrador puede pisotear la constitución política de Jalisco y rechaza el modelo de la estrategia de seguridad.
Viajes a Miami, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Oakland, Madrid, Roma, Cígales en España son parte del recuento de paseos de Alfaro en lo que va de su mandato, la mayoría calificados como “oficiales” en el avión del Gobierno del Estado, cuya bitácora permanece en la opacidad, para “evitar daños específicos que pondrían en riesgo la vida y la integridad física de los pasajeros, afectando las actividades estratégicas del gobernador del estado”.
Desde el 6 de diciembre de 2018, fecha en que tomó posesión, la violencia ha aumentado.
En abril de este año, Alfaro anunció sus vacaciones y el estado llegaba a sus máximos índices de violencia. La DEA señala que, desde la administración de Alfaro, ha crecido el número de cárteles que se disputan la plaza contabilizando 9: Jalisco, del Noroeste, de Sinaloa, Cárteles Unidos y remanentes del de Santa Rosa, Los Pájaros Sierra, Los Viagras.
En los Altos, se encontraron 5 fosas clandestinas y el número de personas reportadas como desaparecidas es de 514; mientras las carpetas de investigación se acumulan y las autoridades locales se ven rebasadas, el gobernador viaja, al parecer sin recordar un viejo tuit suyo del 15 de abril del 2018 en el que escribía:
“Señor gobernador, los jaliscienses le exigimos seriedad y resultados. Jalisco no puede seguir por este camino, en materia de seguridad y procuración de justicia, su gobierno ha sido un rotundo fracaso. Si no puede, deje su cargo”, reclamo que ahora se le revierte magnificado, cuando después de su acostumbrado silencio ante los problemas del estado, acusa al Gobierno federal, ese que rechazó muchas veces y ahora exige a Presidencia la estabilidad de su estado, mientras él se toma vacaciones.
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