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Sebastián Ramírez Mendoza
Hace unos días se hizo público el proyecto de la magistrada del Tribunal Electoral, Janine Otálora, para invalidar los procesos internos de Morena y aliados, así como el de los partidos de la oposición, para elegir a las personas que coordinarán sus respectivos esfuerzos rumbo al proceso electoral del año entrante.
No es la primera vez que el Tribunal Electoral intenta incidir en la vida interna de un partido político, específicamente de Morena. Recordemos que, en 2020, en medio de la renovación de la dirigencia de nuestro partido, el Tribunal trató de invalidar el proceso e incluso no reconocía a miles de militantes, pretendiendo impedir la participación de algunos perfiles que aspiraban a dirigir Morena. Lo mismo ocurrió el año pasado después de que el Congreso Nacional de nuestro partido acordara por consenso ampliar el mandato de Mario Delgado y Citlalli Hernández en la dirigencia con el fin de organizar ordenadamente el proceso interno rumbo a 2024, a lo que una vez más la magistrada Otálora respondió con un claro intento por invadir esferas que no le corresponden.
A pesar de que anteriormente Morena ha librado estos golpes a su autonomía, que claramente responden a los intereses de la oposición, hoy nuevamente nos encontramos frente a un escenario similar. Tras más de un mes de haber iniciado el proceso interno de nuestro Movimiento para elegir a quién coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la magistrada Janine propone invalidarlo bajo argumentos que parecen por demás cuestionables, a pesar de que el INE dio luz verde hace semanas, y el proceso se realiza conforme a esos lineamientos.
Afortunadamente, esta vez no parece que el pleno del Tribunal respaldará su proyecto; sin embargo, no deja de resultar evidente la forma de algunas magistradas y magistrados de extralimitarse en sus atribuciones.
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