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Ana María Vázquez
Tal vez no uno, sino dos, o cinco, ¿lo harías?, te cuento: a raíz del decreto presidencial en el que se declaraba la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida expedido en diciembre pasado, comuneros, ejidatarios, el Frente Agrario Pro Familias de la Sierra de San Miguelito comandados por empresarios inmobiliarios empeñados en despojar a los pobladores para construir fraccionamientos campestres, han emprendido la contraofensiva legal contra el decreto y ya han emplazado a juicios de amparo y una demanda para disponer de 1805 hectáreas de la zona, así como el resto de la Sierra de San Miguelito.
La demanda, presentada ante el Tribunal Federal Administrativo emplaza por daños y perjuicios y la “restitución” de las tierras, asciende a 4 mil millones de pesos que, según los “afectados” ha causado la Presidencia de la República.
Con la promesa de ganar unos “centavos”, los inversionistas y abogados del “grupo de defensa” tienen planeada una “inversión” adicional de 20 millones en gastos legales para ganarle el pleito al gobierno y poder, finalmente, devastar la zona en pro de la “modernidad”.
La nota la dio a conocer el periódico Astrolabio el 3 de Julio por Victoriano Martínez y en ella adjunta una grabación de más de una hora, tomada directamente de la asamblea y esta misma nota fue retomada por Julio Astillero en su columna de ayer en el periódico La Jornada.
De nuevo, la voracidad de las constructoras juega con los comuneros por “centavos”, usan la ambición para comprar conciencias y apoyen la contraofensiva de los desarrolladores inmobiliarios de “Las Cañadas”; la amenaza de despojo y la intimidación se hacen presentes en los pobladores que se niegan a apoyar la devastación de la zona.
Sé que el gobierno no cederá, sin embargo, el llamado “lawfare” o “guerra de la ley” está en plena marcha y de la mano de la ministra Norma Piña hemos visto fuertes reveses al proyecto 4T; con esta puerta abierta, la demanda de las inmobiliarias tiene posibilidades de marchar, aunque sea en contra de los intereses de la nación. De perder, el gobierno debería pagarles 4 mil millones o ser embargado.
¿Donarías un peso para rescatarlo?
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