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Ricardo Sevilla
El presidente López Obrador dijo que esperaba que la SCJN diera un golpe bajo al Plan B. Y dijo que, en esta época, la Corte no ha dudado en salir en defensa de los intereses, de una minoría rapaz y corrupta.
Y tiene razón. Hasta antes de su llegada, el gobierno estaba secuestrado por esa minoría rapaz y corrupta. Y como esa minoría ya no puede dominar los poderes Ejecutivo ni Legislativo, ahora está tratando de encumbrar al Poder Judicial, convirtiéndolo en un “Supremo poder conservador”.
Es cierto. Y ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco, los que tanto daño han hecho a nuestro país.
Alguien le preguntó ayer al presidente: ¿Y si limpiara la Corte mediante un decreto? Pero AMLO, que es un auténtico hombre de Estado y no un déspota, respondió que si él emite un decreto y hace lo que en su momento llevó a cabo el priísta Ernesto Zedillo, de desaparecer la Suprema Corte y renovarla con otros ministros, la oposición pondría el grito en el cielo. Y tiene razón: la oposición clamaría a los cuatro vientos que López Obrador es un dictador.
No hay duda de que el PRIAN está tratando de incursionar en la Corte para apropiarse ese poder que, en teoría, se supondría autónomo, pero, a decir verdad, nunca lo ha sido.
López Obrador dice que, antes de su llegada a la presidencia, la democracia no era más que una parafernalia donde todos bailaban siguiendo estrictamente un libreto coreográfico.
Y hoy, cuando la Corte parece estar trabajando para el conservadurismo, el presidente, que es lúcido hasta la pared de enfrente, se pregunta ¿cómo remediar esta situación?
Y su respuesta es categórica: no será con decretos, porque en la democracia el pueblo manda y el pueblo decide. Y cita el artículo 39 de la Constitución donde dice que el poder dimana del pueblo.
¿Y qué hará el presidente para enfrentar al Supremo poder conservador en el que se ha convertido la Corte? Enviará una iniciativa de reforma a la Constitución”. ¿Y qué propondrá esa iniciativa de reforma? Algo muy simple, pero inaplazable: que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
Urge democratizar a la Corte.
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