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Problemas sociales con ejidatarios y comuneros aumentan y retrasan obras; SOBSE trabaja a paso de tortuga, solo son visibles columnas oxidadas
Alier Blancas
Ante la falta de transporte público de gran escala, la construcción del Tren Interurbano México-Toluca es necesaria, motivo por el cual Andrés Manuel López Obrador decidió continuar con el proyecto abandonado del sexenio pasado, pues Enrique Peña Nieto lo mantuvo como un tren fantasma sin planeación para beneficiar a sus empresas, lo que llevó al aumento de su costo y el retraso de su entrega.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe de la cuenta pública 2021 precisó que en los últimos años el proyecto a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tuvo una “inadecuada planeación de la obra, ya que no se cuenta con la liberación total de los derechos de vía, además de que se presentaron interferencias por cimentaciones, líneas de energía, instalaciones de la Universidad de la Salud, así como presencia de árboles sin contar con las autorizaciones correspondientes para su derribo, lo que provocó un re- traso del 44.6 por ciento”.
Lo anterior ocurre en el Tramo 3, que le corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, pues para la construcción de la estación Vasco de Quiroga en Álvaro Obregón, donde se necesitan aproximadamente 3 mil metros cuadrados, actualmente hay cuatro de siete propietarios en Santa Fe pueblo, que se niegan a ser indemnizados para que avance el tren que unirá las ciudades de Toluca y México.
Dicho tramo también se conforma de la estación Observatorio, donde actualmente solo hay obras de cimentación, al igual que en Santa Fe, Cuajimalpa, pues la falta del “derecho de vía” en Vasco de Quiroga provoca que incluso se incumpla con los contratos para terminar el proyecto en los tiempos acordados.
El primer y segundo tramo, que involucra mayormente trabajos en el Estado de México y un túnel entre Cuajimalpa y territorio mexiquense, está prácticamente terminado. La demora de los trabajos iniciados en 2014 por la administración de Peña Nieto, según explica la ASF, se debió a una mala planeación inicial por no tener los derechos de vía, derribo de árboles y posible corrupción con empresas amigas del priísmo que también estuvieron involucrados en el ecocidio del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco.
Por ello, pasó de tener una inversión de 38 mil millones a más de 105 mil millones de pesos, además de los efectos de la inflación. El desfalco provocado por el gobierno de EPN también fue expuesto por la ASF, pues en 2016 indicó no estaba claro el uso de 100 millones de pesos en las obras del Tren Interurbano, además de que se utilizaron materiales de mala calidad, provocando doble trabajo.
Asimismo, algunas de las empresas que hicieron acuerdo con la cuna priísta del Grupo Atlacomulco fueron La Peninsular, propiedad de la familia Hank Rhon; la española OHL, implicada en actos de corrupción y en la que participaron empresarios mexiquenses; y el grupo empresarial ICA.
