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diciembre 5, 2022

México

Fiscalía de Campeche va por Alejandro Moreno

Desde el estado que gobernó, solicitan a la Cámara de Diputados desafuero del líder nacional del PRI por presunto enriquecimiento ilícito

Juan R. Hernández

El Fiscal General de Campeche, Renato Sales, solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno, diputado federal del PRI, a quien se le abrió una carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de Campeche.

En conferencia de medios, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, leyó la solicitud del fiscal de Campeche contra Alejandro “Alito” Moreno.

“Están solicitando en términos de este escrito la declaratoria de procedencia en relación con el C. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas a efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito”, señaló el diputado Gutiérrez Luna.

Cabe señalar que la petición fue recibida directamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, la cual será turnará a la Secretaria General de San Lázaro quine la mantendrá abajo resguardo hasta en tanto se instale la Sección Instructora, encargada de analizar las solicitudes de desafuero en contra de servidores públicos.

En su intervención el fiscal campechano rechazó que existan motivos personales, venganza o incluso tenga relación con los audios escándalos que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores ha divulgado.

“La carpeta de investigación no tiene nada que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada con un delito de enriquecimiento ilícito, en que consiste este tipo penal en la desproporción entre los ingresos que devenga el servidor público en sus distintos cargos y las propiedades en las que se ostenta como dueño, las propiedades que se encuentran a su nombre”, explicó.

De acuerdo de acuerdo al Código Penal del estado, este delito se castiga con 25 años de cárcel dependiendo del monto.

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