Visitas
Durante seis meses –de junio a diciembre de 2014–, la Secretaría de la Defensa Nacional y su titular, el execrable Salvador Cienfuegos Cepeda, ocultaron la información sobre la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, cada vez más contaminado, entre otras cosas porque las viles ejecuciones de veintidós civiles fueron consecuencia de un operativo para “rescatar” ochenta millones de dólares guardados en una casa de seguridad en San Pedro Limón. Hasta ahora no se ha dicho una palabra del paradero del dinero aunque algunos testimonios indican que pasaron, cuando menos, por el escritorio del general secretario.
Fue vergonzoso, para la prensa nacional, para todos los informadores, que una agencia internacional y una revista estadounidense dieran cuenta del suceso al “filtrarse” fotografías bastante explícitas; pese a ello, los voceros de la Defensa insistieron en que se trataba de una banda de delincuentes quienes portaban armas de alto calibre y estaban emboscados. Las evidencias, sin embargo, exhibieron otra cosa: entre los muertos se veían a mujeres y niños, sin empuñar siquiera una pistola .22, indefensos y cuyos cadáveres se veían dentro de un terreno baldío, abandonados y sin elementos que permitieran argüir una actitud subversiva. El móvil siempre fueron los billetes asentados sobre una de las mesas del domicilio sitiado por la soldadesca. Este fue el motivo del silencio que ya no pudieron guardar los uniformados de alto grado.
De lo anterior parto para preguntarme cuántos casos similares se han dado por el país –tenemos memoria de los casos de Tanhuato y Apatzingán, en Michoacán, y en Vallarta, Jalisco aunque en este caso se habla de una emboscada–, pero curiosamente en otras zonas de alto riesgo, esto es donde se supone que los cárteles no cesan en su guerra –todo la frontera norte del país desde Baja California hasta Tamaulipas, además de Durango, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, Jalisco, entre otros–, no hay reportes salvo de fosas clandestinas y tráileres cargados de cadáveres que pasean por las calles de Guadalajara como si se tratara de carros alegóricos de la muerte, el sello de más alta graduación de la administración peñista.
Nos dirán que tal es especulación pura; y, en cierto modo, lo es. Pero no tendría razón de ser sin el conocimiento sobre la manera cómo se han intentado ocultar los asesinatos de estado e incluso el número de víctimas que sumó la campaña electoral de este 2018: 110 políticos ajusticiados, cuando menos, 43 de ellos pertenecientes a la coalición PRI-Verde-PANAL. El odio se mezcló acaso con el incumplimiento de los acuerdos con el narco. Es un hecho, por desgracia, aunque algunos traten de disimularlo descalificando la información.
Entre tantos y tantos muertos, llegamos a más, muchas más víctimas que la cifra más razonable sobre los mártires de Tlatelolco: 325. Por eso no puede olvidarse ni perdonarse. Porque es imperativo comenzar la guerra contra la corrupción, promesa toral del presidente electo, dándole un golpe severo a la impunidad que nos separa del estado de derecho.
