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La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estableció que en el tema de la marihuana el Estado debe regular desde la siembra hasta su comercialización e imprimir en ello un principio de justicia social a favor de comunidades campesinas que viven en la pobreza.
De acuerdo con información de El Universal, Sánchez Cordero explicó que en la iniciativa de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis plantea la rectoría absoluta del Estado sobre la siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización de cualquier forma de esta yerba y sus derivados.
Agregó que, mediante un instituto regulador, se expedirán licencias, “que se van a dar principalmente a sociedades cooperativas de campesinos”.
Refirió que la comercialización generará impuestos para la hacienda pública. En su propuesta incluye el principio de justicia social que deberá interpretarse en acciones de apoyo al bienestar de aquellas personas que han vivido el rigor de las leyes prohibisionistas.
