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El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project coloca a México entre los países con peor desempeño en justicia criminal
ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- México aparece en la parte más baja del Índice de Estado de Derecho 2025, particularmente en uno de los rubros que más directamente impactan a las víctimas: la justicia penal. El país ocupa el lugar 135 de 143 naciones y jurisdicciones evaluadas por el World Justice Project (WJP), con una calificación de apenas 0.25 sobre 1.
El contraste es fuerte, mientras Dinamarca, Finlandia y Noruega encabezan la clasificación de justicia penal, México se encuentra en el último tramo de la tabla, junto con países como Nicaragua y Afganistán.
El problema no se reduce a una mala posición internacional. El propio desglose del WJP muestra dónde están las principales grietas del sistema mexicano. En investigaciones efectivas, México obtiene apenas 0.19; en sistemas penitenciarios efectivos, 0.21, y en ausencia de discriminación dentro de la justicia penal, 0.16. La calificación para procesos oportunos y eficaces es de 0.26.
La fotografía resulta todavía más delicada cuando se observa el resto del Estado de Derecho. México ocupa el lugar 121 de 143 en la clasificación general. En ausencia de corrupción está en el 134; en justicia civil, también en el 134, y en orden y seguridad, en el 132.
El WJP construye su índice a partir de encuestas a más de 215 mil personas y alrededor de 4 mil 100 especialistas jurídicos y académicos, y evalúa ocho dimensiones del Estado de Derecho. Por ello, el resultado no mide únicamente cuántos delitos ocurren, sino cómo funcionan las instituciones encargadas de prevenirlos, investigarlos, procesarlos y sancionarlos.
En el caso mexicano, el propio WJP ha señalado históricamente problemas en la capacidad de las policías para investigar delitos y en la coordinación entre agentes investigadores, fiscalías y tribunales, elementos vinculados con la persistencia de la impunidad.
Así, el dato de 2025 coloca sobre la mesa una paradoja: puede haber operativos, detenciones y reformas, pero si investigar un delito, llevarlo ante un juez y garantizar un proceso efectivo siguen siendo tareas deficientes, el acceso real a la justicia permanece limitado.
