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Luego de pasar casi siete años en prisión acusada de formar parte de una banda dedicada al secuestro sin que existieran elementos probatorios que permitieran acreditar su participación en la comisión de dicho delito, la CNDH dirigió la Recomendación 64/2018 al Jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura local, Álvaro Augusto Pérez Juárez.
La CNDH acreditó que, con sus acciones, servidores públicos de esas instancias violentaron los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad personal, debido proceso, a una defensa adecuada y a la presunción de inocencia, de Lorena González Hernández, ex comandante de la Policía Federal.
La mujer fue señalada por las autoridades capitalinas de haber participado en el secuestro del hijo del empresario Alejandro Martí en 2008, y que fue liberada hasta julio de 2015.
La imputación hecha en su contra derivó de una denuncia anónima recibida por la PGJ capitalina, en la que se le relacionaba como integrante de una banda de secuestradores, que como característica colocaba una flor en la boca de las víctimas secuestradas.
La víctima permaneció en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, procesada bajo dos causas penales. Después de 6 años, 10 meses y 11 días, un juzgado del fuero común ordenó su libertad, porque la agente del Ministerio Público reconoció expresamente que no había elementos que sustentaran válidamente las imputaciones formuladas en su contra.
REPARAR DAÑO
La CNDH solicitó reparar el daño a la agraviada y ofrecer una disculpa pública, entre otros.
