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CIUDAD DE MÉXICO.– El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ordenó una resolución contra el Estado mexicano, para que se investigue y castigue a los responsables materiales e intelectuales de la detención arbitraria de la periodista Lydia Cacho, ocurrida el 16 de diciembre de 2005.
Cabe recordar que durante la detención de Cacho, quien a través de un libro denunció pederastia en la que estuvieron involucrados empresarios como Kamel Nacif, y políticos como el exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue víctima de tortura física y psicológica, además de tocamientos de índole sexual y amenazas de muerte, en un trayecto de 20 horas de Quintana Roo a Puebla.
La resolución, dictada el 31 de julio pasada, fija un plazo de 180 días para que el Gobierno le responda al órgano de la ONU.
