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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que dio cumplimiento a una resolución judicial sobre el acceso parcial de recursos del exgobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha.
La dependencia federal puntualizó que en el marco de un procedimiento judicial promovido por el exmandatario morenista de Sinaloa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió una suspensión provisional que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.
Es preciso recordar que el congelamiento de las cuentas bancarias de Rocha Moya, así como de otros funcionarios señalados por las autoridades estadounidenses por su presunta colusión con el Cártel de Sinaloa se dio como una medida preventiva, expuso la instancia federal el pasado 18 de mayo.
De acuerdo a lo que informó la UIF, la resolución fue emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, y en ella se establece que el promovente podrá disponer únicamente de las ministraciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones.
“Se precisa que la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes”, indicó la institución gubernamental.
El exgobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, enfrenta cargos formales e investigaciones por parte del Departamento del Tesoro y la Fiscalía de Estados Unidos por su probable participación con grupos delincuenciales, específicamente del traslado de drogas hacia el vecino país del norte.
Finalmente, la Secretaría de Hacienda explicó por conducto de la UIF, reitera su compromiso con el respeto a las resoluciones judiciales, el debido proceso y el derecho de garantía de audiencia, así como con el fortalecimiento de las acciones institucionales para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
