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Por Ana E. Rosete
Hay algo profundamente preocupante cuando quienes llegan a un cargo de representación popular comienzan a comportarse como si el poder les hubiera concedido una categoría superior al resto de los ciudadanos. Y resulta todavía más grave cuando esa soberbia se dirige contra quienes tienen la responsabilidad de observar, preguntar y documentar lo que ocurre en las instituciones públicas.
Lo sucedido con el diputado morenista Juan Rubio, durante la comparecencia de la secretaria del Trabajo, Inés González, en el Congreso de la Ciudad de México, merece más que una discusión pasajera en redes sociales.
Los periodistas que cubrimos las actividades legislativas no estamos ahí para adornar las sesiones ni para convertirnos en espectadores complacientes. Estamos para informar. El chacaleo, las entrevistas y las preguntas forman parte de una labor que incomoda, sí, pero que es indispensable en cualquier democracia que se tome en serio la libertad de expresión.
Por eso resulta inadmisible que un legislador adopte una actitud grosera, pedante y altanera frente a quienes ejercen ese derecho. Una cosa es mantener el orden parlamentario y otra muy distinta pretender que la investidura le permite decidir quién pregunta, cuándo pregunta y bajo qué condiciones puede trabajar la prensa. A parte a él no era a quien se le estaba dando la atención, quizá ese fue el problema.
Pero lo verdaderamente revelador vino después. Tras difundirse el video que exhibió su comportamiento, Rubio exigió una disculpa pública. Parece que le incomodó más quedar expuesto que reflexionar sobre la manera en que trató a los comunicadores.
Conviene recordarle algo elemental: los diputados no son dueños del Congreso, no son superiores a los periodistas y tampoco están por encima del escrutinio público. Su cargo es temporal; el derecho a informar y a cuestionar es permanente.
La prensa no tiene la obligación de proteger susceptibilidades políticas ni de administrar egos parlamentarios. Mucho menos de guardar silencio para no incomodar a quienes, cuando necesitan reflectores, buscan precisamente a esos mismos medios.
La autoridad se demuestra con argumentos, educación y resultados, no con un botón en la solapa ni con desplantes desde una curul.
Porque cuando un representante popular confunde respeto con obediencia, el problema ya no es de modales: es de concepción democrática.
