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El escándalo del INE debería ser el único y con mucho, una excepción, si las dependencias
de los gobiernos estatales, municipales y federales se apegaran a la Constitución y a las
leyes reglamentarias, en particular el artículo 134 que habla de la licitación pública como el
procedimiento que debe usarse en las adquisiciones, sin embargo, este parece ser la
excepción, ya que más del 60% de las adquisiciones y servicios de los gobiernos han sido,
desde el período de Felipe Calderón hasta el actual, por adjudicación directa.
Contratos en salud, alimentación, programas sociales, infraestructura y obra pública, telecomunicaciones y hasta seguridad y fuerzas armadas son otorgados sin licitación.
Irónicamente hasta la secretaría anticorrupción utiliza el método de adjudicación directa, amparados en el artículo 54 que lista los supuestos de excepción al proveedor único y el artículo 55 en el que se habla de los montos, especificando que cuando el importe no exceda los topes establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que no debe superar al 30% del presupuesto de adquisiciones de la dependencia.
Esta “costumbre” se ha vuelto la regla pretextando agilidad administrativa, “urgencia” y por
supuesto discrecionalidad heredada, manteniéndola en 7 de cada 10 contratos. Bajo este
esquema de discrecionalidad, no sería raro encontrar muchos más casos Taddei en los que
se muestre el favoritismo, la corrupción, las empresas con cambio de rubro pero de un solo
dueño o con prestanombres, amigos o familiares favorecidos ad eternum, lo que también
afecta a la competitividad y crecimiento entre empresas particulares, generando sobrecostos, pago de “peaje” (porcentaje para el broker).
Ante ello, los Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior de la Federación, así como el Congreso, Hacienda y Anticorrupción deberían poner un freno, pero ¿cómo hacerlo, si padecen del mismo mal?
La corrupción normalizada se perpetúa en todos los niveles e instituciones por lo que no
sería raro que, al tiempo, continuaran los escándalos similares en otras dependencias que
operan con el mismo esquema.
Faltaría, además, un riguroso control en las adquisiciones y contrataciones, reformas estrictas, transparencia y digitalización de los procesos, sanciones efectivas para realmente cerrar las puertas a la discrecionalidad, pero sobre todo: voluntad política.
Ana María Vázquez
Dramaturga/Escritora
Youtube @AnaMaríaVázquezOficial
