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DIANA SÁNCHEZ BARRIOS
LA TRIBUNA DE DONCELES
Siempre he sostenido que la identidad de una persona no se debate, sino que debe respetarse. Sobre todo, porque la violencia política contra las mujeres en razón de género representa toda acción y omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género que tenga por objeto limitar, anula o menoscabar los derechos político-electorales de una mujer, el ejercicio de sus atribuciones, el desempeño de un cargo público o su participación en la vida política. La violencia política de género ocurre cuando una mujer es agredida, discriminada, intimidada, invisibilizada o excluida de la política solamente por ser mujer, o mediante conductas que reproducen estereotipos y relaciones de desigualdad de género.
Por esto saludo la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México del 5 de noviembre de 2026, que acreditó violencia política en razón de género contra mi persona, lo cual constituye un acontecimiento relevante para la defensa de los derechos de las mujeres trans y para la construcción de una democracia verdaderamente incluyente. El procedimiento especial sancionador TECDMX-PES-024/2026 determinó la existencia de violencia verbal, simbólica y digital atribuida al político ultraderechista, exdelegado de Miguel Hidalgo y exdiputado local del PAN, Arne Sydney aus den Ruthen Haag por ejercer violencia política en razón de género en mi perjuicio. Entre febrero y junio de 2026 publicó diversos mensajes en la red social X dirigidos contra mi persona, básicamente por mi condición de mujer trans.
El Tribunal consideró que esas expresiones reproducen estereotipos de género y niegan mi identidad de género como mujer. El razonamiento central de la autoridad sostiene que afirmar: “las mujeres trans no son mujeres”, constituye una forma de violencia basada en prejuicios de género que afectan el reconocimiento de mis derechos político-electorales y mi participación en la vida pública de la CDMX. El Tribunal determinó una multa de 100 UMAS, la inscripción de Arne en los registros local y nacional de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género durante 18 meses, ofrecerme una disculpa pública por lo afirmado y la realización de un curso sobre violencia política de género, derechos de mujeres y prevención de conductas discriminatorias relacionadas con la identidad de género.
La importancia jurídica y política de esta resolución es enorme principalmente porque: 1) reconoce a las mujeres trans cuando el Tribunal sostiene que negar la identidad de género de una mujer trans mediante expresiones discriminatorias constituye violencia de género; 2) protege los derechos políticos dado que la identidad de género no puede utilizarse para descalificar, excluir o menoscabar la participación política de una mujer; 3) evidencia la violencia digital y los discursos de odio toda vez que las redes sociales no son espacios exentos de responsabilidad jurídica por lo que la libertad de expresión debe armonizarse con el derecho a la no discriminación; y 4) amplia los espacios democráticos y de inclusión.
La dignidad no admite regateos. La participación política de las mujeres trans requiere garantías efectivas y no solamente reconocimientos formales.
