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Más de 7 mil denuncias al año colocan al Estado de México como la entidad con mayor incidencia de este delito; especialistas advierten que apenas 2% de las víctimas recupera sus propiedades
Ana E. Rosete
El Estado de México enfrenta una crisis por el delito de despojo de inmuebles, con más de 7 mil denuncias anuales y un esquema de operación que, de acuerdo con investigaciones, involucraría a exfuncionarios municipales y fedatarios públicos para dar apariencia legal a operaciones inmobiliarias fraudulentas.
En el centro de los señalamientos aparece José Antonio Reyes Duarte, titular de la Notaría Pública número 29, con sede en Nezahualcóyotl, a quien las indagatorias identifican presuntamente como cabeza de una estructura dedicada a facilitar la apropiación ilegal de propiedades.
De acuerdo con el especialista Rodrigo Acuña, el panorama para las víctimas es complicado: apenas 2% consigue recuperar sus bienes, debido a la complejidad de los procedimientos judiciales y a las presuntas redes de corrupción que obstaculizan la restitución de los inmuebles.
El mecanismo consistiría en manipular los libros notariales mediante espacios vacíos entre folios y fechas, para insertar posteriormente operaciones jurídicas simuladas con fechas retroactivas. Así, se habrían documentado compraventas ficticias con años de antigüedad para aparentar que la transferencia de una propiedad ocurrió legalmente.
Estas prácticas encontrarían condiciones favorables en las deficiencias del Archivo General de Notarías, donde los fedatarios pueden conservar sus libros de resguardo durante periodos prolongados, además de la falta de auditorías regulares por parte de la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales.
Hay varios municipios afectados por este delito. Frente a esta problemática, las autoridades pusieron en marcha la Operación Restitución, que ha permitido asegurar más de 2 mil 300 inmuebles en decenas de municipios y detener a cientos de personas presuntamente relacionadas con estos ilícitos, incluidos exfuncionarios.
Sin embargo, especialistas advierten que los operativos no serán suficientes mientras no exista una revisión profunda de las notarías y de los mecanismos de supervisión. La investigación de las posibles complicidades institucionales será determinante para frenar un delito que deja a miles de familias sin patrimonio y con escasas posibilidades de recuperarlo.
