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DIEGO RAYA
GRUPO CANTÓN
El robo de vehículos afecta el patrimonio y la movilidad de las familias mexiquenses: perder una unidad implica resolver los traslados al trabajo, a la escuela y a servicios médicos, además de asumir gastos para sustituirla o buscar otras formas de transporte.
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, el Estado de México acumuló 10 mil 901 casos, según las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano citadas en el reporte. El registro comprende automóviles y motocicletas, por lo que la afectación alcanza distintos medios de traslado utilizados en los hogares. Aunque el balance referido es menor al del mismo periodo de 2025, la disminución representa un dato estadístico frente a una pérdida que cada víctima debe enfrentar.
Para quienes dependen de su vehículo para obtener ingresos, la sustracción también puede interrumpir actividades laborales y reducir los recursos disponibles para sostener a sus dependientes. En Tlalnepantla de Baz se contabilizaron 865 casos. Cuautitlán Izcalli registró otros 621. Ambos municipios forman parte de las localidades señaladas por su incidencia en el informe sobre este delito.
La pérdida de una unidad puede comprometer ahorros acumulados durante años. Cuando existe un financiamiento, las obligaciones de pago dependen del contrato y de la cobertura contratada; recuperar la movilidad puede exigir nuevos desembolsos mientras se realizan los trámites correspondientes. El impacto familiar también comprende reorganizar horarios, acompañamientos y recorridos cotidianos.
Un automóvil o una motocicleta puede servir a varios integrantes del hogar, de modo que su ausencia modifica actividades que antes resolvían con un mismo vehículo. La protección de este patrimonio requiere prevención y atención a las víctimas. El registro de casi 11 mil casos durante tres trimestres plantea a las autoridades el reto de reducir los robos y fortalecer la investigación, la recuperación de unidades y el seguimiento de las denuncias.
