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Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México.- La imagen de Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, quedó bajo la lupa electoral. El Instituto Electoral de la Ciudad de México ordenó el retiro de propaganda ubicada en 17 puntos, de los cuales 16 se localizan en Álvaro Obregón y uno más en Miguel Hidalgo, además de imponer un plazo de 24 horas para cumplir con las medidas cautelares derivadas de un procedimiento especial sancionador.
La resolución golpea la estrategia de difusión del segundo informe del alcalde, al considerar que existen elementos suficientes para investigar una posible promoción personalizada y una eventual vulneración a los principios de imparcialidad y equidad electoral.
La Comisión Permanente de Quejas del IECM determinó iniciar el expediente derivado de la denuncia presentada por la diputada panista Liz Salgado, quien acusó que la publicidad del informe gubernamental rebasó los límites de la rendición de cuentas para convertirse en una campaña centrada en la figura del edil.
De acuerdo con el análisis de los consejeros, la propaganda no destacaba logros, acciones o resultados de gobierno, sino la imagen del propio López Casarín. Entre los elementos observados sobresalen su fotografía, su apellido, el cargo que ocupa y un número “27” de grandes dimensiones, mientras que la información relacionada con el informe aparecía relegada a un espacio secundario.
El señalamiento no es menor. En tiempos donde los servidores públicos están obligados a mantener una estricta neutralidad frente a futuros procesos electorales, el IECM advirtió indicios de una estrategia de posicionamiento político disfrazada de comunicación institucional.
La aparición predominante del nombre y rostro del alcalde alimenta las sospechas de una construcción anticipada de imagen con fines que poco tienen que ver con la transparencia gubernamental.
Más aún, la autoridad detectó propaganda fuera de la demarcación gobernada por López Casarín, específicamente en la estación Tacubaya del Metro. Ese hecho encendió las alertas porque la normatividad establece límites territoriales precisos para la difusión de informes de labores, precisamente para evitar que se conviertan en plataformas de promoción política.
Salgado celebró la decisión y sostuvo que los informes de gobierno deben servir para rendir cuentas y no para inundar el espacio público con fotografías y nombres de funcionarios. La legisladora subrayó que la tutela preventiva aprobada por el IECM obliga también a retirar cualquier otro anuncio con características similares, incluso aquellos que inicialmente no fueron denunciados.
Aunque el Tribunal Electoral de la Ciudad de México tendrá la última palabra sobre las posibles infracciones, el mensaje de la autoridad es contundente: la promoción personal desde el cargo público no puede normalizarse ni disfrazarse de ejercicio informativo.
Para López Casarín, el procedimiento representa un serio llamado de atención en momentos en que la vigilancia electoral ya apunta hacia quienes buscan convertir la publicidad institucional en trampolín político.
