Visitas
Elena Pozos
José Antonio Alcaraz, abogado representante de los comerciantes de Distrito Pedregal, también conocido como Black Pedregal, denunció presuntos actos de hostigamiento, extorsión, acoso y agresiones por parte de personal de la alcaldía Álvaro Obregón y de su alcalde, Javier López Casarín, en medio del conflicto por la suspensión de actividades del inmueble.
En entrevista con Diario Basta! señaló que el primero de junio del año en curso, personal de la alcaldía colocó sellos de suspensión de actividades en el inmueble y, para el 29 de junio, realizó una visita de verificación en la que, según autoridades, se detectaron inconsistencias en documentos de propiedad y uso de suelo. Para el 9 de julio, pese a que la plaza llevaba más de un mes cerrada, nuevamente se colocaron sellos y, desde el 17 de julio, según representantes de los establecimientos, el Tribunal de Justicia Administrativa comenzó a conceder suspensiones con efectos restitutorios para retirarlos.
Alcaraz sostuvo que, pese a las más de 10 resoluciones judiciales que se han emitido, las autoridades se opusieron a cumplir con las medidas. Por lo que acusó de un presunto desacato y violaciones a las suspensiones otorgadas, al señalar que el inmueble continúa cerrado a más de 3 meses de la primera orden.
El abogado también denunció agresiones físicas, daños a la propiedad, lesiones y daño moral durante una diligencia realizada por las autoridades de la alcaldía en el inmueble. Aseguró que participaron cerca de 70 funcionarios uniformados y encapuchados, quienes presuntamente golpearon a las personas presentes.
El conflicto escaló luego de que el alcalde dedicara parte de una conferencia de prensa a cuestionar al representante legal y señalar las presuntas irregularidades en el inmueble. Casarín afirmó que había descubierto una posible red de lavado de dinero, complicidad con notarios, modificaciones al uso de suelo y escrituras, y una presunta evasión fiscal. Además, acusó a Alcaraz de llevar a 30 trabajadoras sexuales trans durante una diligencia para agredir a funcionarios y colocar lonas con señalamientos contra su administración.
En respuesta, el abogado rechazó estas declaraciones y acusó al alcalde de discriminación por la manera en que se dirigió a las mujeres trans. Sostuvo que quienes atacaron a las personas fueron funcionarios de la alcaldía, contra quienes, aseguró, existe una demanda abierta. También declaró que cuenta con videos y fotografías para respaldar sus denuncias.
Alcaraz aseguró durante la entrevista que los señalamientos legales del alcalde sobre las presuntas irregularidades carecen de pruebas y aseguró que ha entregado la documentación necesaria para demostrar que el inmueble está en orden. Ante ello, exigió a López Casarín que se concentre en sus atribuciones y cumpla con las resoluciones del tribunal.
