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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Al menos 700 hectáreas cultivadas con maíz resultaron afectadas por la escasez de precipitaciones en el sur del Estado de México, lo que impedirá levantar la cosecha en numerosas parcelas y pondrá en riesgo el sustento de las familias que dependen de esta actividad.
María Eugenia Rojano Valdés, secretaria del Campo estatal, informó que los daños se concentran en Amatepec, Tlatlaya, Sultepec y Luvianos. La funcionaria atribuyó esta situación a las alteraciones climáticas relacionadas con el fenómeno de El Niño, que modificó los periodos de lluvia y prolongó las temperaturas elevadas.
El problema golpea principalmente a pequeños agricultores que trabajan superficies de temporal y carecen de sistemas de riego. Para ellos, la producción del grano representa tanto una fuente de autoconsumo como el ingreso que obtienen mediante su venta en mercados de la región.
Habitantes de las localidades perjudicadas advirtieron que perder el ciclo agrícola también significa quedarse sin recursos para recuperar la inversión realizada en semillas, fertilizantes, preparación de terrenos y mano de obra. La falta de respaldo suficiente podría obligarlos a solicitar préstamos, vender animales o dejar de sembrar.
Aunque la Secretaría del Campo aseguró que el volumen estatal del cereal no se encuentra comprometido debido a los resultados favorables previstos en el norte de la entidad, reconoció que las comunidades sureñas requieren atención prioritaria por las consecuencias económicas y alimentarias que enfrentarán.
La dependencia anunció que fortalecerá los mecanismos destinados a atender contingencias agroclimáticas y buscará una coordinación con la Asociación de Secretarios de Desarrollo Agropecuario. El propósito será integrar una propuesta para reducir los efectos del estiaje y establecer acciones preventivas durante los siguientes ciclos.
También se planteará ante el Poder Legislativo la necesidad de disponer de recursos extraordinarios para auxiliar a los damnificados. Sin embargo, los labriegos sostienen que los programas actuales no cubren la totalidad de los perjuicios ni garantizan una recuperación oportuna. La emergencia mantiene en incertidumbre a hogares enteros, por lo que los afectados demandan una intervención inmediata de los tres órdenes de gobierno antes de que la pérdida agrícola se convierta en una crisis social de mayor alcance.
