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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La intención del Ayuntamiento de Toluca de mantener la perforación de pozos enfrenta una nueva advertencia ambiental: continuar extrayendo agua del subsuelo podría acelerar hundimientos, ampliar grietas y aumentar la vulnerabilidad de infraestructura y viviendas, señaló Derik Roa, presidente de Eco Urban.
El activista sostuvo que el acuífero 1501 Valle de Toluca arrastra una disponibilidad negativa y permanece sujeto a una veda decretada hace 61 años. Bajo esas condiciones, cuestionó que la administración municipal insista en recurrir a nuevas fuentes subterráneas como alternativa para garantizar el suministro.
El diagnóstico “Hundimientos y agrietamiento del terreno en Toluca”, divulgado este 14 de agosto, relaciona las deformaciones superficiales con factores geológicos, características del suelo y explotación intensiva de los mantos. El bombeo disminuye el nivel freático y favorece la compactación de sedimentos, proceso que puede resultar irreversible.
Roa señaló que existen mil 307 aprovechamientos activos: mil 109 destinados al abastecimiento local y 198 vinculados con el Sistema Lerma hacia la Ciudad de México. Ante ese nivel de presión, consideró necesario revisar el modelo hídrico antes de incrementar la extracción.
La preocupación se extiende a sectores donde se han documentado desplazamientos del terreno. Mediciones referidas por la agrupación ubican deformaciones de hasta siete centímetros anuales en Santa María Totoltepec, seis en Santa Cruz Atzcapotzaltongo y mayores niveles en otros puntos de la región. El planteamiento ambientalista también confronta la postura municipal sobre los recientes colapsos registrados en vialidades.
Eco Urban sostiene que no debe descartarse la incidencia de la sobreexplotación hasta contar con estudios técnicos concluyentes.
La organización pidió transparentar los resultados del peritaje encargado al Instituto de Geofísica de la UNAM, realizar inspecciones estructurales en sectores vulnerables y evitar maquinaria pesada sobre franjas agrietadas. Para el colectivo, insistir en nuevas perforaciones sin resolver primero el déficit del acuífero puede trasladar el costo del abastecimiento hacia el territorio y sus habitantes. La exigencia dirigida al gobierno de Ricardo Moreno es establecer una pausa preventiva y sustentar cualquier proyecto futuro en evidencia técnica.
