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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Una nueva estrategia recaudatoria impulsada por el Ayuntamiento de Toluca volvió a generar un frente de confrontación con el sector empresarial.
Representantes de Coparmex Estado de México, Canaco Servytur Valle de Toluca y Concaem advirtieron que el incremento en diversos cobros municipales, particularmente el relacionado con las descargas de aguas residuales, está elevando los costos de operación para miles de establecimientos y restando competitividad a la capital mexiquense.
Durante una conferencia de prensa, los dirigentes empresariales señalaron que el cobro de hasta 61 por ciento por derechos de descarga, sumado a estudios técnicos con costos adicionales, representa una carga difícil de absorber para pequeños y medianos negocios. Este acoso económico, advirtieron podría golpear y poner en riesgo la supervivencia de las unidades económicas.
Afirmaron que la política fiscal aplicada por la administración del alcalde Ricardo Moreno no distingue entre el tamaño de las empresas, el volumen real de las descargas ni la capacidad económica de cada giro comercial.
Los organismos sostuvieron que esta situación comienza a influir en las decisiones de inversión y expansión de diversas empresas, que comparan las condiciones tributarias de Toluca con las ofrecidas por municipios como Metepec y Zinacantepec. A su juicio, mantener un esquema de cobros sin criterios diferenciados podría reducir el atractivo del municipio para nuevos proyectos productivos.
Los representantes empresariales también cuestionaron que el comercio formal asuma mayores obligaciones mientras persisten rezagos en la regulación del ambulantaje. Consideraron que la aplicación de las normas debe realizarse bajo criterios de equidad para evitar desventajas entre quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y quienes operan fuera de la formalidad.
Finalmente, hicieron un llamado al gobierno municipal para abrir una mesa técnica de revisión que permita ajustar las tarifas con base en criterios de proporcionalidad y competitividad. Advirtieron que una política recaudatoria sin consenso puede traducirse en menor inversión, menor generación de empleo y pérdida de dinamismo económico para la capital del Estado de México.
