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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En Toluca proyecto para construir dos bodegas industriales en la colonia Independencia quedó encaminado hacia su votación definitiva en el Cabildo, en medio de la inconformidad de habitantes y cuestionamientos de la octava regidora, Shantall Zepeda Escobar, quien acusó que la administración encabezada por Ricardo Moreno Bastida pretende sacar adelante la propuesta pese a la resistencia vecinal.
El expediente relacionado con el cambio de uso de suelo superó la etapa correspondiente en la Comisión de Planeación para el Desarrollo y deberá ser presentado ante el pleno municipal. Ahí, la correlación de fuerzas políticas favorecería su autorización, de acuerdo con lo expuesto por la representante popular.
La discusión continuó durante la reanudación de los trabajos de la comisión celebrada el jueves por la tarde. Después de que la secretaria Belém Garay dio lectura al orden del día, la décima segunda regidora, Cristina Sierra, manifestó su postura contraria al dictamen.
Ese voto rompió la posibilidad de que el asunto avanzara con unanimidad, pero no detuvo su trámite. Conforme al relato de Zepeda Escobar, Moreno Bastida señaló que el documento sería puesto a consideración de los integrantes para reunir las firmas del dictamen y del acta correspondiente, paso previo a su envío al órgano colegiado.>
Con ello, la controversia se trasladará al Cabildo. Para la octava regidora, el escenario anticipa que la mayoría política vinculada al gobierno municipal cuenta con los sufragios suficientes para sacar adelante la modificación planteada, aunque persista el desacuerdo de quienes habitan en los alrededores de los predios.
La crítica se concentra precisamente en esa diferencia: mientras la administración continúa el procedimiento institucional para autorizar el desarrollo, residentes de Independencia han expresado su negativa ante las posibles repercusiones que, sostienen, tendría la instalación de infraestructura industrial dentro de su entorno.
Zepeda Escobar señaló que las objeciones ciudadanas incluyen posibles afectaciones a la movilidad, incremento del tránsito vehicular, consecuencias ambientales y riesgos para la dinámica cotidiana del sector. Desde su perspectiva, esas preocupaciones no recibieron el peso suficiente durante el análisis previo.
La concejal cuestionó además que la determinación pueda concretarse sin un consenso social y sostuvo que el gobierno de Moreno Bastida está privilegiando la viabilidad del proyecto económico por encima de las inconformidades planteadas por los colonos.
El punto resulta políticamente sensible para la administración municipal: la legalidad del trámite y la existencia de votos suficientes no eliminan el desacuerdo de una parte de la comunidad. La eventual autorización, por tanto, trasladaría al alcalde y a la mayoría del cuerpo edilicio la responsabilidad política de defender una decisión controvertida frente a los habitantes. La representante sostuvo que la ciudadanía no ha conocido con suficiente detalle el contenido integral del expediente ni los elementos técnicos utilizados para justificar la modificación urbanística.
