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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El Ayuntamiento de Toluca reconoció que enfrenta uno de los mayores pendientes administrativos en materia económica: la regularización de miles de establecimientos que durante años han desarrollado actividades sin contar con licencia de funcionamiento.
La propia Dirección General de Desarrollo Económico estimó que hasta siete de cada diez unidades económicas podrían operar fuera de la normatividad municipal, una situación que exhibe el rezago heredado y el tamaño del desafío que enfrenta la administración encabezada por Ricardo Moreno.
De acuerdo con información presentada por la dependencia, el municipio cuenta con 51 mil 119 unidades económicas registradas; sin embargo, un porcentaje considerable mantiene operaciones sin haber concluido el trámite que les permita funcionar con certeza jurídica. Ante este escenario, el gobierno municipal inició una estrategia para incorporar a esos establecimientos a la formalidad.
La directora, Ana Yolanda Esquivel Jaramillo, informó que en lo que va de la administración se han regularizado alrededor de 2 mil 800 negocios mediante la expedición de licencias de funcionamiento. No obstante, reconoció que esta cifra representa apenas una parte del universo de comercios que continúan pendientes de cumplir con la normatividad vigente.
Durante un encuentro con empresarios, la funcionaria reveló que incluso establecimientos de alto impacto, entre ellos gasolineras y restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, operaron durante más de una década sin contar con la autorización correspondiente o con licencias que no coincidían con las actividades que realmente desarrollaban.
Señaló que algunos casos acumulaban hasta 15 años de funcionamiento irregular antes de incorporarse al padrón municipal.
El diagnóstico también evidenció que la problemática no se concentra en un solo sector o zona de la ciudad. Corredores comerciales completos, como el de Alpinismo, además de colonias como Los Sauces, registraban un elevado número de negocios sin documentación en regla, lo que obligó a emprender procesos de regularización de manera masiva.
La administración municipal también reiteró que busca eliminar la participación de gestores, al considerar que su intervención favoreció prácticas irregulares y retrasó durante años la obtención de licencias.
