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Juan R. Hernández
Ciudad de México.– La activista Mariana Ascensi denunció, en entrevista con Diario Basta, presuntas prácticas de explotación laboral contra beneficiarios del programa social “Transformando la Capital”, quienes, aseguró, fueron obligados a trabajar en las obras de la Calzada Flotante durante los días previos a la inauguración de la infraestructura, realizada tres días antes del arranque del Mundial.
De acuerdo con su testimonio, la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (SOBSE ) solicitó a decenas de personas adscritas al programa fueron convocadas para cubrir jornadas nocturnas de 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana, realizando labores de limpieza, pintura, retiro de agua y acondicionamiento de la obra, sin recibir pago de horas extras ni prestaciones.
“Nos dijeron que era obligatorio acudir porque así funcionaba el programa y que debíamos apoyar a la Jefa de Gobierno. También nos dijeron que no habría pago adicional porque no éramos trabajadores de una empresa, sino beneficiarios de un programa social”, relató.
Ascensión Quiroz afirmó contar con conversaciones por mensajería que, según dijo, muestran instrucciones para acudir de manera obligatoria a las labores nocturnas. Señaló que las cuadrillas estaban integradas por personas adultas mayores y trabajadores en condiciones económicas vulnerables, quienes evitaban negarse por temor a perder el apoyo económico que reciben.
La extrabajadora de limpia sostuvo que muchos de los beneficiarios realizaron trabajos considerados de alto desgaste físico, incluso durante toda la madrugada y, presuntamente, sin equipo de protección, únicamente con el uniforme del programa.
Denunció que presuntos encargados de cuadrillas exigían entre 250 y 300 pesos en efectivo a quienes faltaban para evitar reportarlos y ser dados de baja del programa, práctica que ocurriría en brigadas de Eduardo Molina y Vasco de Quiroga.
“Tengo chats y conversaciones con coordinadores donde advertí que eso era corrupción y extorsión”, afirmó. Añadió que posee mensajes donde se instruye a beneficiarios a no dar entrevistas a medios, lo que limita denuncias sobre sus condiciones laborales.
Hasta el cierre, la SOBSE y responsables del programa no habían fijado postura.
