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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El aseguramiento de una docena de inmuebles en el municipio de Valle de Bravo por parte de la Fiscalía General de la República colocó nuevamente bajo cuestionamiento la actuación del gobierno municipal encabezado por Michelle Núñez, luego de que los predios continuaran con actividades pese a haber sido clausurados previamente por presuntas violaciones en materia ambiental y cambios irregulares de uso de suelo.
La investigación federal se originó a partir de una denuncia presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, relacionada con posibles afectaciones en zonas cercanas a los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec.
De acuerdo con la autoridad ministerial, durante las diligencias se confirmó que varios de los inmuebles seguían operando aun cuando existían medidas de suspensión impuestas con anterioridad, situación que motivó la solicitud de una orden de cateo autorizada por un juez federal.
El caso también abrió un nuevo frente de críticas hacia la administración municipal, debido a que la continuidad de obras previamente sancionadas pone en duda la capacidad de vigilancia y aplicación de la normatividad por parte del Ayuntamiento.
Diversos sectores señalaron que resulta difícil explicar cómo desarrollos de gran dimensión pudieron mantenerse en construcción sin que existiera una intervención efectiva de las autoridades locales.
Las diligencias federales también alimentaron cuestionamientos sobre la existencia de otros proyectos inmobiliarios que podrían encontrarse en condiciones similares y que hasta ahora no han sido revisados por las autoridades. La actuación de la FGR dejó al descubierto una posible permisividad institucional frente al crecimiento urbano en una de las zonas de mayor presión inmobiliaria del Estado de México.
A partir de este procedimiento, organizaciones ambientales y habitantes de Valle de Bravo demandaron que las investigaciones no se limiten a los desarrolladores involucrados, sino que también determinen si hubo omisiones o responsabilidades de servidores públicos que permitieron el avance de construcciones presuntamente irregulares, al considerar que la intervención federal evidencia fallas en los mecanismos municipales de supervisión y protección del territorio.
En el despliegue participaron agentes del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal Ministerial, con respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y personal de la Profepa, quienes ejecutaron el aseguramiento de los predios como parte de la carpeta de investigación por posibles delitos contra el ambiente.
