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Redacción
Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una quinta denuncia penal por presuntos hechos de corrupción relacionados con el manejo de recursos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la gestión de Ana Gabriela Guevara.
La denuncia fue presentada el pasado 28 de agosto ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) y deriva de los resultados de la auditoría de cumplimiento forense número 67 de la Cuenta Pública 2022. En la revisión de la Auditoría Superior se detectó irregularidades en los recursos destinados a federaciones deportivas.
Para ello, la Conade habría entregado dichos recursos a federaciones deportivas e instituciones públicas que posteriormente contrataron empresas para diversos servicios sin presentar documentación suficiente para acreditar que los trabajos fueron realizados.
Uno de los casos principales corresponde a la Federación Mexicana de Taekwondo, que recibió 73 millones de pesos para la realización del World Taekwondo Championships Guadalajara 2022. Sin embargo, ni la instancia deportiva ni las empresas contratadas para el evento pudieron acreditar el cumplimiento de servicios que tuvieron un costo de 65 millones de pesos por concepto de arbitraje, transporte, catering, videograbación, escenografía, decoración, limpieza, seguridad privada, entre otros.
En ese sentido, la ASF también detectó que algunas de las compañías contratadas no contaban con el personal necesario para cumplir con los servicios comprometidos. Entre ellas se encuentran VPN Options y Comercio al Por Mayor Punta Coyote, que tenían registrado a un solo trabajador y fueron contratadas para proporcionar servicios de internet, videograbación, generación de señal de televisión, limpieza y seguridad.
Ante la falta de capacidad operativa, las empresas recurrieron a la subcontratación de otras compañías para realizar parte de los servicios. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la auditoría, tampoco se presentaron documentos suficientes para acreditar que los trabajos contratados fueron efectivamente realizados.
