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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Con pancartas y consignas, familiares de los diez trabajadores de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) detenidos por el presunto fraude en la asignación de plazas se concentraron este lunes frente a los juzgados de Almoloya de Juárez para exigir que el proceso judicial se conduzca con imparcialidad y sin responsabilizar únicamente al personal operativo.
La movilización coincidió con la audiencia en la que un juez revisa los elementos aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para determinar la situación legal de los imputados, acusados de fraude y abuso de autoridad por presuntas anomalías detectadas en la asignación de más de 300 plazas del sistema educativo estatal.
Los manifestantes sostuvieron que varios de los detenidos desempeñaban funciones técnicas o administrativas y carecían de atribuciones para autorizar contrataciones, nombramientos o movimientos de personal. Afirmaron que las decisiones eran tomadas por mandos superiores y que sus familiares únicamente ejecutaban procedimientos derivados de instrucciones institucionales.
Durante la protesta, los inconformes solicitaron que las indagatorias no concluyan con las detenciones realizadas, sino que se amplíen hacia exfuncionarios que encabezaban las áreas responsables y que, de acuerdo con su versión, contaban con la facultad legal para validar cada movimiento de personal.
Asimismo, denunciaron presuntas inconsistencias durante la ejecución de las órdenes de aprehensión. Explicaron que uno de los imputados fue asegurado fuera de las instalaciones de la dependencia y que posteriormente su domicilio fue cateado cuando ya permanecía bajo resguardo ministerial. También señalaron que durante varias horas desconocieron el lugar donde permanecían algunos de los detenidos, situación que, aseguraron, generó incertidumbre entre sus familias.
Los manifestantes insistieron en que sus parientes no obtuvieron beneficios económicos derivados de las presuntas irregularidades y solicitaron que las autoridades revisen la actuación, el patrimonio y las responsabilidades de quienes ocupaban los niveles jerárquicos superiores dentro de la dependencia. Al cierre de esta edición, la audiencia continuaba y el órgano jurisdiccional aún no definía si los diez servidores públicos serían vinculados a proceso.
