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Por Ana E. Rosete
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden para endurecer la vigilancia sobre operaciones financieras vinculadas con migrantes sin autorización laboral, al advertir riesgos de fraude, lavado de dinero, tráfico de personas y financiamiento del narcotráfico dentro del sistema bancario estadounidense.
La administración republicana instruyó al Departamento del Tesoro, agencias financieras y reguladores bancarios a reforzar controles sobre cuentas, créditos y transferencias realizadas por personas consideradas “inadmisibles o sujetas a deportación”.
El documento sostiene que transferencias internacionales de bajo monto han sido utilizadas para financiar actividades ilegales como terrorismo, tráfico de drogas y trata de personas. Además, menciona que investigaciones financieras detectaron operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo y redes de lavado de dinero vinculadas con cárteles mexicanos.
La orden también señala que redes criminales chinas habrían lavado más de 312 mil millones de dólares mediante cuentas bancarias en Estados Unidos usadas por extranjeros, incluyendo operaciones relacionadas con tráfico humano.
Como parte de las medidas, el Departamento del Tesoro emitirá en un plazo de 60 días una alerta formal a bancos y entidades financieras para identificar patrones sospechosos, entre ellos pagos de nómina fuera del sistema, uso de empresas fachada, depósitos fraccionados para evitar reportes y movimientos realizados mediante plataformas digitales o negocios no regulados.
Además, el gobierno estadounidense pondrá bajo mayor revisión el uso del ITIN, número fiscal utilizado por personas que no cuentan con Seguro Social, cuando sea empleado para abrir cuentas o solicitar créditos.
La administración Trump también pidió a bancos y financieras evaluar el “riesgo crediticio” de otorgar préstamos hipotecarios, automotrices o tarjetas de crédito a personas sin autorización de trabajo, argumentando que podrían perder ingresos en caso de deportación o cambios en políticas migratorias.
El Buró de Protección Financiera del Consumidor deberá analizar si la posible deportación puede considerarse un factor que afecte la capacidad de pago de un solicitante de crédito.
La orden ejecutiva forma parte de la estrategia de Trump para endurecer políticas migratorias y financieras, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y evitar que el sistema financiero sea utilizado por redes criminales o economías clandestinas.
