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Juan R. Hernández
Ciudad de México.- El uso de la violencia política en razón de género enfrenta un creciente cuestionamiento por especialistas y legisladoras, quienes advierten riesgos tanto para la libertad de expresión como para el propio movimiento feminista.
En entrevista con Diario Basta, el abogado electoral Leonardo Zúñiga Ayala sostuvo que esta figura, creada para frenar agresiones discriminatorias contra mujeres, “se está utilizando como un mecanismo de censura”.
Recordó que originalmente sancionaba expresiones abiertamente misóginas, pero hoy —afirmó— se invoca incluso ante críticas sin contenido de género. “Se empezó a utilizar la herramienta para denunciar cualquier crítica”, advirtió.
A su juicio, el problema se agrava porque basta una denuncia para que autoridades ordenen bajar contenidos en pocos días, sin análisis de fondo. “Esto genera un efecto inhibidor; el mensaje es: no critiques o serás sancionado”, subrayó.
El especialista también cuestionó la actuación de tribunales electorales, al considerar que han ampliado excesivamente la interpretación de la norma. “Reinterpretan lo que dicen periodistas para encuadrarlo como violencia”, acusó.
Por ello, propuso limitar la aplicación de esta figura exclusivamente a actores políticos y no a ciudadanos o comunicadores. “El debate debe responderse con argumentos, no con silencios forzados”, concluyó.
Desde otra perspectiva, la diputada Cecilia Vadillo coincidió en que existe un riesgo de distorsión, aunque enfatizó la importancia de no deslegitimar la figura. “No podemos meter todos los casos en la misma bolsa; esta lucha ha costado mucho”, afirmó.
Vadillo advirtió que trivializar la violencia política de género podría debilitar su impacto real. “Sí existe y la vivimos todos los días, pero su uso indiscriminado puede convertirla en objeto de burla”, señaló. En su opinión, el concepto debe aplicarse únicamente cuando los ataques se dirigen a la condición de mujer y reproducen estereotipos.
Casos recientes reflejan la polémica. La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, acusó a Diario Basta de ejercer violencia política tras cuestionamientos a su gestión. En tanto, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez denunció al expresidente Andrés Manuel López Obrador por presunta violencia de género, caso que fue desechado por autoridades electorales.
Asimismo, la diputada priista Tania Larios denunció al periodista Manuel Pedrero; el Instituto Electoral capitalino determinó que sí hubo violencia, aunque el caso abrió debate sobre si se trató de protección legítima o censura.
En medio de estas posturas, especialistas y legisladoras coinciden en un punto: es urgente clarificar los límites de esta figura para evitar abusos sin desproteger a las mujeres en la política.
