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- Dijo que solicitarán su extradición en caso de salir de prisión
- Tiene el extitular de Seguridad múltiples cargos en México
- Sus vínculos con el narcotráfico están documentados
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad de que Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, pueda ser liberado, como ocurrió con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Subrayó que, de concretarse esa opción, existen órdenes de aprehensión vigentes en México contra el exsecretario de Seguridad Pública, por lo que se solicitaría su extradición.
“Él tiene derecho, como cualquier ciudadano, de apelar; sin embargo, no creo que haya esta opción. El propio gobierno de Estados Unidos, cuando entró Donald Trump, puso en un documento de la Casa Blanca el caso de García Luna como ejemplo del vínculo de alguien que formó parte del gobierno de Calderón en la máxima posición, y se demostró que estaba vinculado con el narcotráfico”, afirmó.
Sheinbaum reiteró que no ve posibilidad de liberación en territorio estadounidense y recordó que la semana pasada la Fiscalía General de la República detuvo a una excolaboradora de García Luna, vinculada a investigaciones por delitos posteriores a su gestión. “En los juicios en Estados Unidos sólo consideraron la parte cuando trabajó en el gobierno, pero posteriormente hay documentación de contratos con corrupción que hizo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y por eso fue detenida una colaboradora recientemente”, explicó.
Procesos abiertos en México
Además de la condena en Estados Unidos —38 años de prisión dictados en octubre de 2024 por conspiración, narcotráfico y falso testimonio—, García Luna enfrenta en México investigaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y contratos irregulares con empresas fantasma. La FGR mantiene abiertas carpetas por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, mientras que colaboradores cercanos han sido detenidos en el último año.
Escándalo político
El caso ha tenido un fuerte impacto en la vida pública mexicana. La condena en Nueva York reavivó el debate sobre la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y debilitó la narrativa oficial de la “guerra contra el narcotráfico”. Para la oposición, el tema se usa como arma política; para simpatizantes del actual gobierno, es prueba de la corrupción estructural en sexenios pasados.
