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Emilio Guijosa, propuso tipificar como agravante del delito de violencia su comisión en contextos masivos, como eventos deportivos, conciertos y espectáculos, con miras al Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA
Redacción
Grupo Cantón
Con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de los asistentes a espectáculos públicos, el diputado César Emilio Guijosa presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal local, a modo de tipificar como agravante del delito de violencia su ejecución en escenarios deportivos, conciertos, festivales y eventos masivos.
El proyecto de decreto, explicó, surge de la necesidad de fortalecer el ordenamiento jurídico penal para prevenir riesgos asociados a la violencia en espectáculos públicos, en el marco de la preparación de la capital como sede del Mundial de Fútbol 2026.
“La problemática radica en la recurrencia de actos violentos que trascienden y van más allá de alterar el orden público. Y es que recientes incidentes ilustran esta tendencia, como lo ocurrido en el Estadio Akron de Guadalajara, una de las 3 sedes mundialistas, durante la jornada 5 de la Liga MX; o la lamentable tragedia del Estadio Corregidora en 2022, que dejó huella en la historia del fútbol en nuestro país”, expuso el representante de Cuajimalpa.
Cabe decir que estos episodios no han sido aislados, ya que, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025 realizado por el INEGI, las faltas por alteración del orden en espectáculos o eventos deportivos experimentaron un incremento del 268.3% respecto a 2023.
Además, para Guijosa, la urgencia se acentúa por la necesidad de transitar de respuestas reactivas a estrategias para la prevención y mitigación de riesgos, mediante protocolos de seguridad profesionales y capaces de intervenir en forma oportuna.
“Sin una intervención oportuna, el riesgo de escalada en contextos de proyección global podría derivar en violaciones masivas a derechos humanos, con repercusiones diplomáticas y económicas incalculables”, sentenció.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su estudio y dictamen.
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